El gobernador Jaldo entendió temprano que había que hacer un ajuste y lo llevó a cabo. En diciembre bajó los gastos en 12 mil millones de la mano de la eliminación de áreas públicas y también dio de baja a empleados «ñoquis» y a asesores que no asesoraban.
Si bien es un mérito, todo indica que seguirá por ese camino porque «no hay plata». Profundizará el ajuste en este mes y seguramente no será el último.
Jaldo para no quedar en mitad de camino y darle a Tucumán la posibilidad de tener un Estado Abierto, transparente y eficiente debe echar mano a un concepto viejo pero eficiente, que ya lo pusieron en marcha muchas empresas en décadas atrás y les dio a todas muy buenos resultados.
Estamos refiriéndonos a la «reingeniería». Se trata de rediseñar los procesos para mejorar sustancialmente los costos, calidad, servicios y rapidez. El Estado no es otra cosa que un conjunto de procesos y procedimientos llevados a cabo por personas que cumplen distintos roles y tareas.
La reingeniería parte de la idea que hay que trabajar en una hoja en blanco y replantear todo, para que las ideas no estén contaminadas por el pasado.
Para llevar a cabo estas mejoras se necesita un compromiso firme de quienes están en el vértice del poder, son lo que deben apostar al cambio cultural que hay detrás de este concepto. Es la búsqueda de la excelencia y el logro de objetivos explicitados al principio del proceso.
El Estado tucumano es un paquidermo adiposo, envejecido con prácticas y mañas que son contrarias al sentido que tiene la existencia de esa tan vital administración para el desarrollo armónico de la sociedad. Todos dependemos el Estado.
En ese marco se debería plantear el nuevo «Acuerdo Fiscal Municipal». Se trata de la relación entre la provincia y los municipios en materia de reparto de fondos públicos. Los criterios establecidos hace décadas quedaron desactualizados, por eso los intendentes opositores quieren discutir el porcentaje de fondos coparticipables.
El diseño de provincia que está planteado a partir de la distribución de los recursos fiscales disponibles debe volver a ponerse sobre la mesa, para determinar nuevos criterios y parámetros sobre los cuales realizar el reparto equitativo y razonable de los dineros públicos.
Nada de eso hay detrás de la decisión de crear el Acuerdo Fiscal Municipal. Solo asegura que el que reparte se queda con la mayor parte. Los intendentes seguirán siendo mendicantes que deberán someterse a las pautas políticas del gobernador.
Sin duda, estamos en un sistema más cercano a las formas medievales que a los modernos criterios y parámetros de distribución de los recursos públicos, que valore la búsqueda de mayor equidad social. Hoy ocurre todo lo contrario.
No hay un solo mecanismo de distribución de recursos, hay varios para tener en cuenta y cada uno se sostiene sobre criterios y pautas definidas. De lo que se trata de evitar los desequilibrios que dañan la calidad de vida de los habitantes concretos.
El sesgo unitario que rige en Tucumán, que viene desde hace décadas, establece las relaciones de poder entre las distintas administraciones, y la provincia siempre entendió como un hecho normal tener a los intendentes y comisionados comunales sometidos políticamente.
El Acuerdo Fiscal Municipal debería ser el resultado de un debate integral sobre el destino de los recursos con los que cuenta la provincia, ya que provienen de la contribución de los ciudadanos y en honor al origen se debe tomar la decisión de repartirlos exponiendo y fundamentando los motivos por los cuales se lo hace de tal o cual forma. La ausencia de este debate aleja al mecanismo de las formas democráticas que hay que cumplir.
