No importa cuánto tiempo pueda transcurrir, hay heridas que nunca cierran. La muerte de más de 130.000 personas en los tiempos más críticos del Covid-19 ha dejado una huella indeleble y profunda. El dolor que excede largamente a familiares crece transformado en indignación porque el tremendo impacto de los hechos ha provocado un daño irreparable en la sociedad en su conjunto, en gran medida por la pésima gestión oficial de las vacunas durante la pandemia.
Sobre esa herida, las noticias referidas al escandaloso vacunatorio vip, que estalló en febrero de 2021, operaron como un ácido que acentuó aún más el drama. La investigación periodística y la danza de nombres de los favorecidos con la vacuna, por fuera de los carriles de rigor, tuvieron un correlato en la Justicia. La correspondiente causa se abrió por denuncia del fiscal Guillermo Marijuan y diputados de la oposición al gobierno de Alberto Fernández. En un primer momento, el caso que investigaba la inoculación de unas 70 personas se archivó por considerarse que se trataba de una cuestión moral y no de un delito tipificado por el Código Penal, pero la Cámara Federal revirtió la situación y se pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que apuntara también a quienes habían recibido irregularmente las vacunas. El fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, elevaron los primeros pedidos de indagatoria que tuvieron lugar el año pasado. La segunda ronda se espera para el mes en curso.
Los imputados por vacunar a quienes no eran personal esencial habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios con penas de hasta diez años. El primer indagado había sido Marcelo Guille, el exsecretario privado del entonces ministro de Salud Ginés González García, quien se negó a declarar pero se comprometió a entregar un escrito que respondiera las preguntas que se le formularan. También fue indagado Alberto Maceira, exdirector del Hospital Posadas, sede del cuestionado reparto con el que se favoreció, entre otros, al periodista Horacio Verbitsky, que fue quien dio a conocer los hechos durante una entrevista, y a los entonces diputado y ministro de Defensa, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, respectivamente, entre muchos otros, aun cuando no calificaran para un acceso prioritario. Todos ellos fueron registrados como personal sanitario en los listados del Posadas.
El exministro González García alegó problemas de salud para evitar presentarse en 2023, tras lo cual se ordenó que fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y se estima que podría declarar de manera virtual. Se lo involucra en tres hechos: el traslado de unas diez dosis de vacunas del Posadas al Ministerio de Salud, el permiso para que cinco fueran llevadas a la casa del expresidente Eduardo Duhalde para él y su familia, y en la aplicación irregular de al menos otras 35 dentro del Posadas. Recordemos que el cuestionado exministro negó el vacunatorio vip y lo relativizó al decir que se trató de un “problema mediático”.
Cuando los hechos tomaron estado público, el entonces presidente Alberto Fernández no tuvo más remedio que echarlo y ascender a otra impresentable funcionaria como Carla Vizzotti, quien secundaba a González García como secretaria de Acceso a la Salud.
Con la misma falta de registro que caracterizó toda su gestión, con impericia y desaprensión, no faltaron palabras de agradecimiento y ponderación para el funcionario saliente: “Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima”, señaló. Una definición que se daba de frente con tan lastimosa realidad. En tremendos momentos como aquellos, con cuarentenas estrictas y prohibición incluso para despedir debidamente a los muertos, seguramente para él la vida era una fiesta como lo fue en la quinta de Olivos para el entonces presidente Fernández festejando el cumpleaños de su pareja con un nutrido contingente de amigos en plena prohibición de todo tipo de reuniones tanto públicas como privadas.
Ya transcurrieron más de tres años. Quienes se llenaban la boca defendiendo los derechos humanos violaron el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la salud.
Definitivamente, estas y tantas otras graves cuestiones que involucran responsabilidades de distintas figuras del gobierno anterior deben dirimirse sin demoras en la Justicia.
“La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”. Esto también lo afirmaba con desparpajo Fernández. Tenemos que evitar a toda costa que negociados que provocaron la muerte de tantas personas queden impunes. De nosotros depende. Ya estamos vacunados.
