El presidente Javier Milei puso en marcha a fondo el plan motosierra a los gobernadores en abierta represalia por las trabas que le impusieron a la ley ómnibus en el Congreso y, en adelante, la decisión de la Casa Rosada será avanzar con un mayor recorte de fondos nacionales a las provincias.
Ayer se anunció la quita de subsidios a los colectivos del interior del país. La medida se dio unas horas después del fracaso de la ley base que impulsaba el Gobierno. Pero la intención de Milei es seguir adelante con la poda de gastos en el interior. No se detendrá el plan motosierra porque cree que con ello obtiene un doble beneficio: mantiene a raya a los mandatarios díscolos y cumple su promesa de bajar el déficit de las cuentas públicas.
«El presidente está muy enojado con los gobernadores porque siente que lo traicionaron», dijo un funcionario de jerarquía de la Casa Rosada. Pero en el Gobierno buscan desechar la idea de que el recorte de subsidios al transporte en el interior anunciado sea una respuesta a las provincias por las trabas a la ley ómnibus. «Eso parte de la política del Gobierno de cuidar el déficit fiscal», admiten en el Ministerio de Economía que lidera Luis «Toto» Caputo.
Pisar fondos al interior
A la vez, en la Casa Rosada aseguran que «toda partida que no sea coparticipable con las provincias y que se trate de fondos específicos o extraordinarios se pisará o directamente se recortará».
Bajo esta mirada fiscalista y de política de ajuste, en la Casa Rosada aseguran que el operativo cerrojo de fondos o plan motosierra a las provincias seguirá adelante. No se descarta un recorte en los gastos discrecionales, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) están frenados, algunos fondos de política social y eventuales subsidios a la energía.
El vocero presidencial Manuel Adorni señaló ayer que «durante enero se redujeron un 98% las transferencias discrecionales a las provincias«, y de esa manera «las cajas que se utilizaron históricamente para hacer política se han terminado por decisión del presidente Javier Milei».
El mecanismo de giro a las provincias sólo se mantendrá bajo la nomenclatura de coparticipación federal de impuestos. El resto tenderá al recorte. Adorni detalló que, en cuanto a «los recursos que corresponden a cada provincia, se están enviando a través de las transferencias automáticas tal como ocurrió siempre».
Déficit fiscal y equidad
El Gobierno buscó eludir la idea de recorte a las provincias como respuesta al rechazo a la ley ómnibus. Así, Adorni aseguró que el objetivo es «la equidad a lo largo y a lo ancho de todo el país», y que «le llegue el subsidio a cada ciudadano que lo necesite».
Pero en las provincias no lo vieron así y la mayor parte de los gobernadores salieron ayer a cuestionar la decisión de Milei de ajustar los subsidios al transporte. Lo ven como una represalia por disentir en la ley ómnibus.
La Cámara Argentina de la Construcción ya había advertido que el recorte en la obra pública en las provincias se empezó a sentir fuerte el último mes. Se mencionó la pérdida de más de 200.000 empleos directos.
Un informe de la consultora Ieral expuso recientemente que el Ejecutivo envió en enero apenas $ 200 millones de transferencias no automáticas a las provincias, en comparación con los $ 46.800 millones que había mandado el mismo mes de 2023, en términos constantes. Esto significó una caída de 99,5% en términos reales en todas las jurisdicciones y que 13 de ellas no recibieran un solo peso. En la Casa Rosada se esmeran en mostrar estos números.
El mismo ministro de Economía expuso en su cuenta de Twitter la estrategia a seguir: «Hoy mantuve una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico».
Hasta ahora se anunció también un recorte de 0,5% del PIB en materia de Transferencias Corrientes a provincias, que representa una poda de aproximadamente el 70% respecto a 2023, y se infiere otro recorte de al menos esa proporción para las Transferencias de Capital a provincias, dado que también bajaría drásticamente el gasto de capital nacional este año.
