El discurso de Axel Kicillof en la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense tuvo varios públicos, y a cada uno de ellos les envió un mensaje específico. Para la militancia kirchnerista, naturalmente, la denuncia sobre el ajuste de Javier Milei y el abandono estatal de las políticas sociales. Pero, para el gobierno, un guiño con una posible vía de negociación.
Su frase sobre la negativa a participar en «encuentros para fotos y marketing» parece cerrar la posibilidad de que firme el Pacto de Mayo al que convocó Milei. Sin embargo, no se negó plegarse a «reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir».
¿Qué es lo que le interesa debatir a Kicillof? Dio pistas claras sobre ese tema cuando se refirió a los recortes de fondos que están sufriendo las provincias. El gobernador no se limitó a describir la política nacional de «extorsión» a cambio del apoyo legislativo, sino que se refirió al caso concreto de Buenos Aires y su discriminación histórica.
Su alusión a que la provincia es la que más aporta a la economía nacional pero es la que menos recibe a la hora del reparto sonó a invitación a que, cuando se analice el nuevo esquema de coparticipación federal que anunció Milei el 1° de marzo, se tenga en cuenta la corrección de ese problema.
Kicillof le puso números a esa situación: recordó que desde la década de los años ’80, Buenos Aires aporta casi 40% de los fondos, pero que recibe apenas un 22% de la coparticipación, y que los recursos que le llegan por transferencias discrecionales no llegan a compensar ese desbalance.
Hay, además, otro guiño más sutil de Kicillof al gobierno nacional: está mostrando una vocación fiscalista comparable a la que exhibe el propio Toto Caputo en el plano nacional. Y, aunque la presentó como una forma de ejercer una presión sobre «los sectores concentrados», no se privó de describir el duro ajuste impositivo que está aplicando desde que empezó su segundo mandato.
Lo cierto es que las estadísticas apoyan abrumadoramente el planteo de Kicillof. Buenos Aires, en promedio, recibe 76 pesos por cada 100 que aporta a la economía nacional. Eso la convierte en la cuarta provincia menos beneficiada (hay sólo cinco que tienen saldo negativo).
- Según los datos recabados por la Fundación Mediterránea, el año pasado, en el ranking de dinero recibido per capita, Buenos Aires fue la segunda con menores envíos de transferencias automáticas -después de CABA-. Con $184.000 por habitante, recibió menos de la cuarta parte de lo que la Nación le envió a Tierra del Fuego.
- Cuando se hace el análisis de transferencias de capital -es decir, maquinaria y equipamiento con destino a obras públicas, también resultó la segunda más baja en el reparto per capita, y recibió 25 veces menos que Formosa.
- En cuanto a las transferencias discrecionales, la provincia se queda con el 43% del dinero repartido, pero tampoco en ese caso resulta la más beneficiada en términos de pesos por habitante. El año pasado, con $47.000 por cada bonaerense, se ubicó en el puesto 11 del ranking.
- En definitiva, el reparto total -sumando la coparticipación automática más las transferencias discrecionales- deja a Buenos Aires con el 25% de los recursos tributarios para las provincias. Eso la convierte, con $231.000 per capita, en la segunda provincia con tajada más chica a la hora del reparto.
Y estos números hacen referencia al 2023, cuando Kicillof todavía disfrutaba del fondo de refuerzo provincial que le había creado el ex presidente Alberto Fernández tras el controvertido recorte de la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual hace suponer que, de no introducirse cambios en los criterios del reparto, la provincia podría este año empeorar incluso su situación fiscal respecto del resto del país.
Lo irónico de la situación es que este no es el peor momento de Buenos Aires, porque nunca la provincia resultó más discriminada financieramente que cuando Cristina Kirchner era presidente y Daniel Scioli se sentaba en el sillón de la gobernación en La Plata. En 2014, la parte de la «torta» fiscal que se le transfirió a Buenos Aires fue de apenas un 18,5% de los recursos.
Pero también tiene razón Kicillof cuando se queja de la pérdida de recursos sufrida desde la asunción de Milei. Según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Buenos Aires fue la provincia que recibió el mayor impacto de la tijera fiscal de Milei. En febrero, registró una caída de 21,6% en las transferencias, lo que la convirtió en la primera del ranking de caída de ingresos.
Esta situación generó dudas en el mercado respecto de la capacidad de pago de la provincia para afrontar sus obligaciones financieras. Llamó la atención que los bonos bonaerenses recibieron un castigo incluso mayor que los de La Rioja, que declaró un default: la semana pasada registraron una pérdida de 5,4% contra un 3,4% de los títulos riojanos.
El mercado tuvo una buena señal cuando Kicillof se hizo de los dólares para pagar un vencimiento por un título en dólares, por u$s312 millones, pero todavía les restan pagos por u$s700 millones este año.
Es en ese marco que Kicillof está mostrando esa disciplina fiscal que el propio Milei le reclama al resto de los gobernadores «derrochones». La agencia recaudatoria ARBA acaba de anunciar que este mes vence un anticipo adicional del impuesto a los Ingresos Brutos.
Según describió Kicillof, se trata de una aplicación del principio fiscal progresivo y que tiende al a redistribución de ingresos con criterio de inclusión social, dado que afecta a los «poderes concentrados».
Estos grandes contribuyentes deberán pagar en marzo una suma cuatro veces mayor que el anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023. A Kicillof no le pareció contradictorio con la queja que había hecho minutos antes, al describir cómo la actividad industrial y comercial de la provincia estaba siendo afectada por la recesión y corrían riesgo de despedir personal.
Su celo fiscal tiene una explicación: el impuesto a los Ingresos Brutos -uno de los más criticados por economistas y empresarios- constituye el 80% del ingreso en la caja de ARBA.
Antes, el gobernador ya había obtenido de la legislatura el permiso para un aumento de 200% en el impuesto inmobiliario. Fue una medida que generó protestas, porque en algunos casos -sobre todo en el ámbito rural- hubo denuncias de que estaban llegando boletas con subas superiores al 500%.
Esa situación generó protestas de las entidades gremiales del campo, que afirman que se traspasó el límite legal. Y hasta hubo un llamamiento a la rebelión fiscal por parte del diputado oficialista José Luis Espert, quien desde las redes sociales abiertamente llamó a no pagar el aumento.
Lo cierto es que, en una situación de emergencia fiscal, Kicillof está mostrando una vocación por mejorar la caja provincial y no caer en una situación de mayor dependencia tributaria respecto de la Nación.
Y, a su modo, el gobernador decidió hacer caer ese ajuste sobre «la casta», dado que centró su esfuerzo de comunicación política en publicitar el combate a los evasores de altos recursos, que subdeclaran propiedades o embarcaciones.
El diputado Espert llamó a la rebelión fiscal contra el gobernador Axel Kicillof
Los últimos reportes marcan 17 edificios y 215 casas de lujo en Pinamar estaban declaradas como terrenos baldíos, que un edificio «ultramoderno de oficinas corporativas» en Nordelta también figuraba como baldío, que 120.000 metros cuadrados edificados y sin declarar en edificios y countries de Mar del Plata.
El último caso reportado es el de una investigación sobre 29.530 contribuyentes, que son titulares de 30.926 embarcaciones deportivas y deben, en conjunto, más de $10.000 millones del tributo provincial que grava esos bienes. Es la primera vez en la historia que Arba secuestra yates.
Kicillof, para ponerle contexto político al tema, compara esos $10.000 millones de evasión, contra los $8.500 millones que el gobierno de Milei le recortó por el fondo del incentivo docente.
Aun así, solamente un 54% de lo que entra a las arcas bonaerenses provino el año pasado de recursos propios, mientras que un 32% tuvo su origen en las transferencias automáticas, y un sustantivo 14% se explicó por las transferencias discrecionales decididas por el poder ejecutivo, que es lo que Milei se propone recortar a cero después del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.
Es por eso que, pese a la retórica confrontativa, si hay alguien que está interesado en sumarse al diálogo sobre la reforma en el sistema de coparticipación, ese es Kicillof.
