La instigación a una sedición policial está a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira, quién ya acusó a cuatro policías y a un civil de instigar. La pesquisa no terminó, avanza a paso lento pero firme.
Según trascendió están identificados otros uniformados que habrían estado detrás de la fallida huelga policial, que fue desbaratada por publicar en las redes sociales la convocatoria, haciendo público el objetivo, que está prohibido por incumplir con la disciplina policial.
Esto comenzó el 24 de febrero, cuando el jefe de Policía Joaquín Girveau presentó en Delitos Telemáticos la documentación donde informaba la existencia del grupo de WhatsApp “Sueldo Policial 2024” creado dos días antes y que ya tenía más de 1.000 integrantes.
Debido a los allanamientos aprobados por el juez se lograron pruebas concluyentes, que son parte de la causa judicial en marcha.
A continuación los nombres de las cinco personas que fueron indicadas como posibles cabecillas:
– Carlos Alberto Córdoba: empleado de la Municipalidad de Lules que está acusado de haber publicado el mensaje “vamos por el autoacuartelamiento”.
– Walter Federico Moreno: empleado policial que es el titular de la cuenta donde se realizaba el depósito del dinero de la colecta que realizaban para contratar los servicios de un abogado.
– Juan Eduardo Adrián Chebbib: también efectivo que cuestionó a los administradores del grupo de WhatsApp por haber desaparecido.
– Héctor Eduardo Coria: empleado policial que trabajaba en prensa del Ministerio de Seguridad y que fue individualizado por haber facilitado el contacto para dialogar con un abogado.
– Víctor David Graneros: efectivo que fue el creador del grupo “Salario Policial 2024” donde los sospechosos se organizaron.
– Gustavo Morales: la fiscala decidió procesar al abogado al encontrar, entre otros indicios, un mensaje de audio en el que el profesional ofrecía sus servicios para “fines nobles y que estén relegados por una superioridad corrupta, aquí estoy”.
Como era de esperar todos los acusados negaron participación en el hecho que se investiga, pero trascendió que cayeron en varias contradicciones y quedaron procesados por instigar a la sedición policial, un delito grave.
Salvo el abogado Gustavo Morales, los demás implicados están con prisión preventiva.
En los mensajes que quedaron grabados en los celulares se recuerda la sedición de diciembre de 2013. “Esa fue la única vez que nos escucharon. Tendríamos que hacer lo mismo”, escribió uno de los sospechosos.
Debemos recordar que se está sustanciado un juicio por la sedición policial de 2013, donde hubo saqueos y muertos en Tucumán durante la gestión de José Alperovich.
No se descartan que en la causa haya más detenciones y allanamientos para encontrar más elementos de prueba, además, de los que ya hay.
El Colegio de Abogados solicitará el juicio político contra la fiscala Mariana Rivadeneira y la jueza María Valeria Mibelli por el allanamiento y detención del penalista Gustavo Morales. La Comisión Asesora de Juicio Político de ese cuerpo elevó un informe en el que cuestionan el accionar de las dos magistradas y recomendaron al Consejo de la entidad que se inicien el pedido formal de destitución.
Jaldo manifestó “Valoro la actuación de la Policía y de la Justicia, porque han evitado que los tucumanos volvamos a vivir lo de 2013. Esos días en los que no sólo se perdieron vidas, sino que también hubo caos que generó serios problemas económicos a muchos tucumanos”.
