Luego de la reunión con que la Casa Rosada tuvo con las 24 provincias encabezada por el ministro coordinador, Nicolás Posse, y el titular de la cartera de Interior, Guillermo Francos, el gobierno enviará una versión acotada de la Ley Bases, la cuál circuló el viernes entre mandatarios y vices y que significó una primera aproximación a la posibilidad de discutir herramientas necesarias para el Presidente y las provincias.
Si bien todavía no hay precisiones sobre cuándo será enviada ni sobre la conformación de las dos comisiones de trabajo (una económica y otra política), se espera que en los próximos días el Ejecutivo remita al Congreso la nueva Ley Bases con varios puntos que fueron puestos sobre la mesa este viernes. Uno de ellos es el Impuesto a las Ganancias, o la restitución de la cuarta categoría que motiva el rechazo de los mandatarios en parte, porque no están dispuestos a pagar el costo de la medida.
El nuevo texto contendrá la declaración de tres emergencias: la administrativa, la económica y financiera y la energética por el plazo de un año. En el texto original remitido en diciembre pasado, había 11 emergencias por declarar, entre ellas, la de seguridad que hacía ruido en algunos bloques dialoguistas.
Las privatizaciones, una de las principales trabas, fueron reducidas
También contempla un capítulo para delegaciones, que implica la reorganización administrativa del Estado.
Entre ellas, todo lo que esté relacionado con la “reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizada”, excluyendo algunos organismos como el Conicet, el Inta o universidades , lo que no estaba estipulado el texto original de 664 artículos.
En tanto también habrá facultades para avanzar en la modificación de los fondos fiduciarios, los mismos que motivaron la caída de la Ley Bases original. De aprobarse las modificaciones, los recursos destinados a los fondos fiduciarios pasarán al Tesoro Nacional y le permitirán al ministro de Hacienda, Luis Caputo, hacer caja con el objetivo de consolidar el superávit.
En materia de privatizaciones la reducción de empresas que quedaron en la mira es sustancial. De las 41 originales, el nuevo texto contendría 12. El Gobierno pretende avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., YCRT (Represa Yacyretá) e Intercargo S.A.U.
Otra modalidad que será puesta en consideración es la de empresas mixtas. En ese esquema entrarían Nucleoeléctrica Argentina S.A., Banco Nación (y todas las empresas del Grupo Nación) y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
Dentro de lo que podrían ser privatizaciones o concesiones, se encuentran Aysa, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano cargas y logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.
El Régimen de Grandes Inversiones interesa a las provincias mineras
Empresas emblemáticas como YPF quedarán fuera de la posible privatización, o el BICE o todas las empresas relacionadas con fabricaciones militares. Tampoco quedan alcanzadas Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A. o Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
Otros de los capítulos que tendrá el nuevo texto es lo relacionado con un nuevo esquema de inversiones para hidrocarburos con la intención de potenciar los recursos sobre todo en materia de gas no convencional y de GNL, el cuál es bienvenido por las provincias patagónicas.
En la misma línea se encuentra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Ello podría implicar un nuevo esquema para las provincias mineras y las empresas ligadas con la explotación de litio y de los minerales críticos.
Otro punto clave será lo concerniente a la fórmula previsional. El texto original facultaba al Poder Ejecutivo a establecer una nueva fórmula. Ahora la propuesta del oficialismo contempla la actualización por IPC (inflación) a partir del mes de abril más una suba del 10% para empalmar los meses de pérdida sufrida durante el primer tramo de la gestión de Milei.
Otro aspecto que contemplará el proyecto es un capítulo relacionado con el blanqueo laboral y de promoción del empleo registrado.
El capítulo fiscal continuará generando controversias, sobre todo por lo relacionado a Ganancias. El oficialismo busca poner el piso en $1.500.000 pero los gobernadores se resisten. Fundamentalmente los patagónicos por ser una región desfavorable. Pese a ello, los mandatarios celebran la no suba de retenciones.
También se impulsará una moratoria impositiva, modificaciones a los impuestos internos al tabaco, eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones Indivisas.
El texto contendrá modificaciones al monotributo, contemplando el aumento de las escalas y montos de facturación y también el aumento de las cuotas. Además, un régimen de transparencia fiscal al consumidor.
En lo que concierne a las acciones del FGS (Anses), se consolidará la deuda pública y se mantendrán los activos financieros dentro del Fondo de Garantía, mientras que en el texto original habilitaba su liquidación.
También se contemplarán modificaciones en las modalidades de contratos vigentes y transaccionales habilitando renegociaciones o cancelaciones modificando el Código Civil.
– Privatizaciones: de las 41 empresas que se encontraban en la mira solo quedan 12. Las más emblemática es Aerolíneas Argentinas. Entre otros se podrán privatizar medios públicos. YPF quedó fuera de la lista de empresas.
– Retenciones: el texto que presentará el Poder Ejecutivo quitó la suba de retenciones del denominado Capítulo Fiscal lo que fue bien recibido por los mandatarios, fundamentalmente los de la región central.
– Ganancias: el oficialismo insistirá con la reposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, pero en la reunión no hubo acuerdo. Algunos gobernadores se resisten. El piso que propone Milei es de $1.500.000.
– Jubilaciones: se actualizará la fórmula jubilatoria a través de IPC a partir del mes de abril, más un aumento extra de 10 puntos para compensar la pérdida de los primeros meses.
– Emergencias: el nuevo texto contemplará la declaración de tres emergencias: administrativa, la económica y financiera y la energética. El original busca declarar 11, entre ellas la de seguridad que generaba rechazo.
– Monotributo: el nuevo proyecto pretende avanzar en la actualización de las escalas y de los montos de facturación para evitar que miles de contribuyentes pasen al régimen general. Subirán también las cuotas.
– Entes: el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de ejercer modificaciones en diversos organismo o entes descentralizados de la administración. Sin embargo, el Conicet y el INTA fuera del alcance del PEN.
– Seguridad: si bien el texto original había sufrido modificaciones en lo relativo a la seguridad, la nueva iniciativa no contempla nueva legislación ni modificaciones a la vigente en dicha materia.
– FGS (Anses): el nuevo texto contempla la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se mantienen acciones de empresas dentro del denominado FGS en Anses.
– Contratos: contratos vigentes y acuerdos transaccionales: disponer por razones de emergencia, la renegociación o rescisión de los contratos además de regular la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales.