La Cámara de Diputados, la misma que hace un mes hizo naufragar la “Ley de Bases” que impulsaba el Gobierno y la que anteayer estuvo a un puñado de votos para emplazar al oficialismo a que debata una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, es la que sellará la suerte no solo del DNU 70/23, rechazado ayer por el Senado. De sus votos dependerá, también, que el gobierno de Javier Milei no quede en jaque si perdiera vigencia el principal andamiaje legal del que hoy se aferra para gestionar.
Esta es una carta tan condicionante como poderosa que tienen en sus manos los diputados. El oficialismo, con el presidente de la Cámara Martín Menem a la cabeza, enfrenta un escenario complejo: la base para rechazar definitivamente el DNU suma 109 legisladores seguros, un lote en el que conviven los bloques de Unión por la Patria, la Izquierda y media decena de radicales díscolos. A ellos se sumarían el socialismo y Margarita Stolbizer (GEN). De reunir otras 17 voluntades alcanzarían el quorum y, con él, la mayoría simple para sellar el acta de defunción del decreto.
La brecha se acortaría dramáticamente si, como en el Senado, los representantes de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en Diputados (cinco en total) rechazarán el DNU. La misma actitud adoptarían los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brugge. La supervivencia del DNU quedaría en manos de una decena de votos.
Por ahora el oficialismo puede respirar tranquilo: mientras se mantenga esta diferencia, difícilmente prospere una sesión para voltear el decreto que convoque la oposición más dura. Legisladores dialoguistas enrolados en la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, si bien ponen en tela de juicio la constitucionalidad de la medida, no se sumarán a la ofensiva, al menos por ahora. Entienden que significaría un golpe institucional feroz a un gobierno que da sus primeros pasos y que, además, goza de un amplio respaldo popular. Pero, políticos después de todo, buscarán aprovechar este nuevo escenario que les proporcionó el Senado para utilizarlo a su favor.
¿El oficialismo podrá mantener esta diferencia para evitar el mazazo final? La respuesta la dará la política. Para decirlo sin vueltas: con este “medio rechazo” al DNU, gobernadores y diputados se empoderan frente al Poder Ejecutivo con un arma por demás valiosa que, se descuenta, blandirán para negociar –y condicionar- las leyes por venir. Entre ellas el paquete fiscal, el principal interés de los mandatarios provinciales, pues allí están incluidos impuestos y medidas –como el blanqueo de capitales y la moratoria tributaria- que impactarán de lleno en la coparticipación que reciben.
Con el mega DNU tambaleante tras el rechazo del Senado, se invierte drásticamente la relación de fuerzas entre el presidente Milei y los gobernadores. También, entre el Poder Ejecutivo y los diputados opositores “sin techo” (modismo acuñado para englobar a aquellos que no responden a ningún mandatario provincial). Difícilmente Milei pueda sostener su estrategia de subordinar a las provincias cortando unilateralmente las transferencias discrecionales a las provincias; de persistir en esta política –que Milei adobó con críticas despectivas a los gobernadores-, los diputados ofendidos podrían sumarse al lote decidido a rechazar el DNU.
El Gobierno también queda condicionado frente a la UCR, Hacemos Coalición Federal y demás bloques dialoguistas que, si bien por ahora no tienen intención de voltear el decreto, podrían cambiar rápidamente de opinión si, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que el mayor esfuerzo del ajuste fiscal recaiga sobre los sectores asalariados y jubilados.
¿Qué podría hacer Milei para evitar convertirse en rehén de la oposición y preservar la vigencia del DNU? Una alternativa que no se descarta por estas horas sería impulsar una sesión para que Diputados apruebe el DNU: así, según la ley vigente, quedaría ratificado. El problema es que el oficialismo, incluido Pro, solo reúne 80 votos. Necesita de los bloques dialoguistas.
Otra posibilidad sería neutralizar al DNU como factor condicionante. La bancada de diputados de Pro, aliada al Gobierno, trazó ayer un camino en este sentido cuando el rechazo al DNU ya se insinuaba en el Senado: la de impulsar leyes espejo sobre los distintos capítulos del decreto. Esta alternativa es validada por amplios sectores opositores.
Antes de que finalizara la sesión en la Cámara alta, el bloque que preside Cristian Ritondo presentó tres proyectos de ley que replican uno de los capítulos claves del mega decreto, el de reforma laboral, el cual fue suspendido por la Justicia en enero pasado.
Las iniciativas legislativas buscan ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para asegurar la prestación de los mismos, frente a huelgas y reclamos sindicales que interrumpen el normal funcionamiento de la vida en sociedad.
El radicalismo también propone replicar, en leyes espejo, otros aspectos del DNU. Proyectos en ese sentido fueron presentados por la senadora Carolina Losada y el diputado Martín Tetaz en enero pasado. El diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal y miembro de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, también cree que la salida más saludable para salvar el contenido más virtuoso del DNU, es avanzar en leyes espejo en el Congreso.
El principal problema de los “negociadores” es que Milei no parece interesado en negociar nada. Desde que comenzó la discusión del DNU, los opositores, incluso los dialoguistas, le reclaman a Milei que retire el DNU y lo traduzca en proyectos de ley. Fue la estrategia a la que apeló el expresidente Mauricio Macri en 2018, cuando la oposición también amenazó rechazar uno de sus primeros decretos. Habrá que ver si el libertario sigue sus pasos.