Tras los primeros 100 días de la presidencia de Javier Milei, la Iglesia Católica se manifestó acerca de la aguda situación económica del país y advirtió sobre un “clima de altísima fractura social” por los despidos y el ajuste que lleva adelante el oficialismo. Además, alertó sobre una «agresividad social» en los entornos digitales, como las redes sociales, con un «espacio de ampliación sin igual».
Así lo aseguró la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), organismo que depende de la Conferencia Episcopal Argentina y está conformado mayormente por personas laicas. Entre otras cifras, manifestaron su preocupación y sensibilidad por «la caída persistente de los salarios del sector público (25%) y privado (19,3%)”.
“Más aún nos preocupa que el shock del ajuste haya recaído sobre la cuenta de jubilaciones y pensiones contributivas (a valores reales: -38,1% interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”, indicaron a través de un comunicado.
«La pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso«, agregaron en relación al análisis de los «informes preocupantes» que recibieron de distintos sectores. En esa línea, manifestaron que las cámaras empresariales de la construcción declararon el Estado de Emergencia en todo el país por «la paralización de la obra pública» y la «contracción de la actividad económica general».
Desde la Iglesia hicieron foco en la «motosierra» pregonada desde la administración de La Libertad Avanza, criticando que los «permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas» han generado un riesgo en los derechos más elementales, como la salud y la educación, y en algunos casos también se extendió a las «necesidades primarias como la alimentación misma«.
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«La situación en los comedores populares es apremiante, por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos”, ampliaron, un cuestionamiento que ya había realizado Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y presidente del Episcopado.
Como ejemplo, la CNJP citó el cierre de los organismos de la Agricultura Familiar, anunciado este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni. «Se ve en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias», lamentaron.
A través del comunicado, la Comisión Nacional de Justicia y Paz reconoció que «se refleja un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión, además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas».
Asimismo, plantearon una advertencia acerca de «un clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de ‘alegría’ en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual». Esta última es una de las críticas más frecuentes que desde diversos sectores le hacen al presidente Javier Milei, cuyo gobierno le da mucha importancia a la comunicación en las redes sociales.
«Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado», añadieron.
Por último, señalaron que la convocatoria a los gobernadores a un “Pacto de Mayo” tiene una tramitación que está subordinada a la sanción previa de ciertas normativas por parte del Congreso. «Todo camino de diálogo es constructivo pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, entre los cuales deben estar todos los actores», dijeron.
«Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan la construcción de los acuerdos necesarios para el desarrollo de una Argentina inclusiva, próspera y en paz», concluyeron.