La peor noticia se repite otra vez en el norte del país, la muerte de chicos por hambre. Dos niñas y tres niños de la comunidad Wichi murieron la semana pasada en diferentes hospitales de Salta, en un intervalo de cinco días: cuatro de los pequeños tenían un cuadro de desnutrición.
Los niños fallecieron entre el 12 y el 16 de marzo y tenían entre un mes de vida y dos años. Todos vivían en distintas zonas del municipio de Santa Victoria Este, que se encuentra dentro del departamento Rivadavia, donde vive la mayor cantidad de comunidades wichis. Rivadavia, junto con San Martín y Orán, se encuentran desde 2020 en emergencia sociosanitaria por los graves problemas de salud que enfrenta la niñez ante la falta de alimentos y agua potable.
La titular del Área de Medicina Social del Ministerio de Salud de la provincia, Gabriela Dorigato, confirmó los cinco fallecimientos y, ante semejante emergencia, aseguró que este jueves se encontraba en Santa Victoria Este junto con el ministro de Salud, Federico Mangione, para chequear las necesidades que no se estaban cubriendo en el hospital zonal, que depende del propio Gobierno provincial. De todos modos, se excusó con que “los recortes de Nación en lo que es fondos para alimentación para la provincia repercuten en la salud de la comunidad”.
Dorigato explicó a este medio que estas familias suelen tener como principales ingresos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, además de bolsones alimentarios, todos programas que depende de Nación y que “si antes las ayudas alimentarias les servían para 20 días, ahora no las reciben o no les alcanzan para 10 días”. Luego, prometió que la semana que viene se reforzará la entrega de bolsones de comida desde la provincia.
No obstante, organizaciones sociales que trabajan en la zona y fueron consultadas por LA NACION afirman que no solo el faltante de comida es un factor que afecta a las comunidades de la zona.
Cuántas muertes hay al año
Las organizaciones sociales que trabajan en la zona afirman que no solo el faltante de comida es un factor que afecta a las comunidades de la zona.
“Entre 2022 y 2023 fallecieron 300 niños y niñas y se está poniendo más brava la situación porque hace años no hay una decisión política de los gobiernos provinciales y nacionales para que no mueran más chicos. Los recortes del Gobierno nacional, en lo que hace a alimentos y obras públicas, empeoran todo”, dijo indignado Diego Bustamente, quien en Salta dirige la asociación civil Pata Pila, que junto a un equipo interdisciplinario de pediatras y trabajadoras sociales ayuda a las comunidades originarias de la zona en lo que es prevención y atención de la salud.
Con respecto a la cantidad de fallecimientos, Dorigato coincidió en que fueron cerca de 300 niños los que murieron en la provincia por diferentes razones, entre ellas por desnutrición, pero que “la tasa de mortalidad ha ido bajando de 10.8 a 8.09″.
Falta de agua, alimentos y políticas
“El tema de la desnutrición en el norte tiene que ver primero con la barrera de acceso al agua, lo que por ende no permite la producción de alimentos”, explicó Bustamente, quien también señaló el abandono como una causa que agrava la situación. “No hay una política pública en infraestructura, en caminos, en atención hospitalaria, en capacitación de profesionales porque los chicos necesitan un seguimiento. Y así como entran a los hospitales, salen y vuelven a entrar, porque sus condiciones de vida son las mismas y son justamente las que los enfermaron”, detalló Bustamante.
Las comunidades viven en un territorio complejo de abordar porque cuesta llegar hasta esos parajes, ubicados a a dos o tres horas de un centro urbano. Además los hospitales de los municipios no cuentan con una infraestructura adecuada.
Patricia, una pediatra española que hace dos meses colabora con de Pata Pila y que este jueves se encontraba realizando chequeos a niños en el monte salteño, en Yacuy, a 370 kilómetros de Salta capital, contó a este medio que sus colegas que conocían a los niños que fallecieron se encuentran golpeados, pero que no piensan bajar los brazos.
“Cuando nos ven se ponen contentos, algunos corren a abrazarnos, saben que los vamos a curar, a llevarles comida, a hacer actividades recreativas”, dice Patricia. Y surge la pregunta. ¿Qué niño es feliz cuando va al médico? Ellos.
Bustamante explicó que si bien el municipio les entrega tinacos que llenan una vez por semana o cada ocho días, muchas veces no alcanza para toda la familia y no hay controles para mantenerlos y desinfectarlos, y que cuando no hay más agua salen a buscarla a la cañada o a algún rincón.
A la dificultad del acceso a necesidades básicas, se le suman las barreras idiomáticas y culturales que intentaron ser subsanadas con la Ley de Salud Intercultural sancionada en 2014. La iniciativa determinaba la figura de facilitadores que oficien de traductores entre los médicos y los pacientes originarios, y la construcción de albergues para las familias que deben recorrer grandes distancias desde donde viven hasta el hospital.
“Nada de eso se cumple y ayudaría mucho porque cuando les decimos a las madres que hay que internar en hospitales de la ciudad a sus hijos, desconfían, no tienen cómo ir o dónde quedarse. Pero no podés culpar a una madre wichi de que su hijo no terminó la secundaria, que no tiene qué darle de comer a sus hijos, cuando la política es la que tiene que solucionar este problema”, señaló Bustamante.
Todo indica que en el norte la problemática que vive la niñez no solo está atada al clima y a una tierra sin agua. Un ejemplo: Bustamante contó que debido a la falta de presupuesto de la municipalidad local, Pata Pila pagó la nafta de la camioneta que llevó el cuerpo de uno de los pequeños fallecidos desde el hospital a su comunidad.
