El contador Octavio Nicolás Concilio fue uno de los profesionales que realizó la auditoría que encargó la intendenta capitalina Rossana Chahla, para conocer qué tipo de actuación tuvo la gestión del ex intendente Germán Alfaro en el Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).
Dicho profesional declaró en tribunales locales en respuesta a la citación que le realizó la fiscal Mariana Rivadeneira, quien está abocada a investigar las irregularidades que se pueden haber cometido e identificar a los responsables para asignarles la calificación legal del caso y si las pruebas son determinantes pedir el juicio correspondiente.
Según trascendió en Tribunales, el contador Concilio habría ratificado las irregularidades que detectaron y que están plasmados en el informe respectivo.
El profesional se encargó de describir la forma en que se administaba el Consorcio durante la gestión del ex intendente Alfaro.
“La lógica que vimos es como si la Municipalidad hubiera usado como empresa constructora al Consorcio ya que se le transfería dinero para realizar obras públicas”, expresó el profesional que intervino en la auditoría en cuestión.
Debemos recordar que fue el fiscal Conrado Mosqueira el que denunció los hechos que según su buen saber y entender se encuadrarían en la figura penal de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. Un delito considerado grave.
Específicamente lo que Mosqueira sostiene es que el Consorcio fue utilizado para la realización de obras públicas en beneficio de la administración del ex intendente Alfaro, algo que tenía prohibido por la naturaleza del mismo y contrario a su objetivo.
El Consorcio está compuesto por los municipios de Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí, el Consejo de Administración es presidido por el municipio “con mayor aporte económico”; es decir, por San Miguel de Tucumán.
Por este motivo el presidente lo había propuesto Alfaro, ya que el municipio capitalino contribuye con el 65% de los aportes con los que se administra dicho Consorcio. Eso le daba a la Capital un poder superior y hegemónico a la hora de establecer pautas de funcionamiento y de por sí el presidente era un mandado de Alfaro. Su nombre es Héctor Argañaraz.
Para graficar el desorden y la forma primaria con la que se manejaba el auditor describió: “El consorcio no tenía ninguno de los libros, no tenía los balances, presupuestos, muchas cosas que deberían tener legalmente como empresa. Tenían cuadernos donde anotaban las cosas y un Excel, por lo que había que comparar ambos más un extracto bancario para ver qué faltaba o qué había. El tema de los extractos bancarios es que para el caso de los cheques no se conoce el destinatario, por lo que no sabemos dónde se fueron esos fondos. No tenían los registros que debía tener toda empresa normal, no había expediente ni nada de eso”.
Al auditor contó las dificultades que enfrentó para obtener la información necesaria y el retaceo de datos a los que debió enfrentarse y sobreponerse. Dejó en claro que no hubo colaboración, que había molestia y se mostraron reticentes a la hora de dar datos para que pueda cumplir con su cometido.
¿De su auditoría se desprende que haya dinero del que se desconozca su destinatario por faltar documentación?, lo consultó la fiscala Rivadeneira, a lo que el auditor respondió “El total de $ 1.000 millones aproximadamente y podría ser mayor, de esa plata no había respaldo de ningún tipo para conocer dónde fue el dinero”.
