El campo eleva la presión para que Javier Milei promueva otra devaluación como condición para liquidar la cosecha gruesa. Con el derrumbe de los precios internacionales, ese clamor agroexportador entraña una razón poco conocida y que dispara acusaciones al Gobierno.
En la frustrada ley ómnibus, el Ejecutivo impulsó subir del 31 al 33% los derechos de exportación de subproductos de soja (harina y aceite) y del 12 al 15% los del maíz.
Para esquivar esas subas porcentuales que finalmente no se dieron, en diciembre las cerealeras registraron con antelación exportaciones por más de 3 millones de toneladas. Lo hicieron a un valor promedio de 460 dólares la tonelada. Ahora, las cotizaciones están abajo de los 400 dólares.
Fuentes confiables adelantaron que esa movida generó pérdidas económicas en el sector por más de 300 millones de dólares y lo atribuyen directamente al amague de suba de retenciones que hizo la administración libertaria en diciembre.
«El gobierno generó un alto nivel de incertidumbre», acusó un dirigente agroindustrial consultado, que sostuvo que ese clima disparó registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) «mayores a los normales», en los que se pagaron derechos de exportación con varios meses de antelación, cuando ahora el mercado internacional bajo.
«Eso generó pérdidas financieras y económicas que en condiciones normales de mercado no deberían suceder», agregó otra voz del sector.
La presión para que el ministro de Economía Toto Caputo devalúe no es una especulación. El presidente de la cámara que nuclea a los principales exportadores (CIARA), Gustavo Idígoras, dijo este martes: «El mercado de granos necesita un mejor precio, que podría darse por condiciones especiales, por un salto devaluatorio o por (una baja de) derechos de exportación y lo va a tener que decidir el Gobierno en base a sus necesidades».
Sin limitaciones para realizar anotes por parte de los exportadores, primero el rumor y después el anuncio de suba de retenciones a subproductos de soja y maíz que Caputo hizo a la semana de asumir, hizo que los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior exhiban números sin precedentes.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre noviembre y diciembre se anotaron casi 17 millones de toneladas de maíz, principalmente para despachar en el nuevo ciclo comercial 2023/24.
Para diciembre, el volumen registrado más que cuadruplicó el nivel promedio histórico para dicho mes.
En cuanto a soja y derivados, las registraciones de DJVE sumaron 5,2 millones de toneladas en diciembre, dos veces el promedio histórico para el mes, el grueso explicado por subproductos.
Cien días después, el desplome de los precios internacionales refuerza la presión del sector agroindustrial, que muestra numerosos de liquidación insuficientes para la ansiosa pretensión del Gobierno por hacerse de dólares.
Un informe reciente CIARA detalló que durante marzo las empresas del sector liquidaron 1.501 millones de dólares.
Según la entidad, ese ingreso «es el resultado del nuevo régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los magros precios internacionales y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de la oferta de granos».
«La exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes», agregaron.
Idígoras advirtió que «las 100 millones de toneladas van a salir si conseguimos mejor precio», mientras que la Mesa de Enlace en un reciente comunicado le reclamó a Milei «anunciar ya» una baja de retenciones.