El diario El Tribuno, de Salta, es el de más extensa trayectoria en la historia de la provincia y uno de los de mayor importancia en el Noroeste argentino.
Su primera edición salió a la calle el 21 de agosto de 1949, tenía 12 páginas a seis columnas en formato tabloide, bajo la consigna de «Un cabildo abierto para el Norte Argentino».
El diario es propiedad del grupo empresario Horizontes SA, de la familia Romero, que administra también Radio Salta AM 840, con alcance en toda la provincia y es también accionista de El Tribuno de Jujuy.
Desde 1996 cuenta con un portal de información digital, con aplicación para teléfonos móviles, y participa de las redes Facebook, Youtube, Twitter e Instagram y es además miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y socio fundador de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA).
La familia Romero desembarca fuerte en la estrategia periodística y comercial de El Tribuno a partir de 1959 se constituye el primer directorio de la empresa y es presidido por Roberto Romero, quien además en 1976, se asocia con otros diarios de provincia para fundar Papel de Tucumán, buscando aprovechar el bagazo de la caña de azúcar para fabricar el insumo, abaratando los costos.
En la misma época, Romero participa de la fundación de la agencia Noticias Argentinas, de la que sería director en 1981 hasta que en 1983 asume la gobernación de la provincia por un período que finaliza en 1987, para fallecer en un accidente automovilístico en Río de Janeiro el 15 de febrero de 1992 a los 63 años.
Lo sucedió su hijo Juan Carlos, desde 1983 hasta fines de 1986, cuando asumió una banca de senador nacional por Salta y dejó en manos de su otro hermano, Roberto Eduardo Romero, quien dirigió a El Tribuno hasta 2011 y desde entonces es liderado por Sergio Romero.
Ahora, el grupo ha caído en desgracia, producto de la falta de publicidad oficial; de la crítica situación económica que atraviesa Salta; del enfrentamiento con el gobernador Gustavo Sáenz y de su poca adaptación a la era digital que atraviesa el mundo periodístico.
Todo este combo llevó a los propietarios del grupo Horizontes SA a solicitar ante la Secretaría de Trabajo de la provincia el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
Con este pedido, llegó la propuesta de abonar a sus trabajadores solamente el 50% de las indemnizaciones y en 12 cuotas, en un país con un nivel de inflación tan alto que licua el dinero a una velocidad que algunos científicos compararían con la que posee la luz, metafóricamente hablando.
De acuerdo a fuentes gremiales, el objetivo de los accionistas del pool empresario, con el senador nacional Juan Carlos Romero a la cabeza, es también el de despedir personal y achicar su estructura, con la salida de entre 30 y 120 trabajadores.
Según informa una nota de la Agencia Télam, que todavía se mantiene operativa a pesar de la decisión del gobierno libertario de cerrar sus puertas, el secretario general del gremio que agrupa al personal de El Tribuno, (SIPRENSAL), Fernando Díaz, sostuvo que, hasta el pasado domingo 8 de abril, no habían recibido una notificación formal sobre el pedido empresario.
El Tribuno es propiedad del senador Juan Carlos Romero, quien busca pagar solo la mitad de las indemnizaciones a sus empleados.
El líder sindical aclaró también que se trata de un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador. Esto no quiere decir que sin indemnizar y en cuotas.
Para el gremialista «a la propuesta de retiro le siguen los despidos, para empleos con salarios básico de $60.000 y sueldos congelados desde noviembre del año pasado».
En este sentido, el pasado viernes 8 de abril, Horizontes S.A publicó un cartel en el que informó el ofrecimiento de un programa de retiro voluntario a su personal que sostenía: «Si estás interesado en esta opción, lo invitamos a acercarse al departamento de Recursos Humanos para obtener más información o conocer los detalles del programa. Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de abril de 2024».
La nota de la agencia Télam también asegura que el congelamiento de los salarios desde noviembre pasado demuestra que la empresa no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo 185/75 «al cual adhiere para exigir obligaciones de los trabajadores, mientras no cumple con las suyas», tal como estimaron las fuentes gremiales.
Del mismo modo, dieron a conocer algunos salarios que percibe parte de su staff periodístico, como el de un redactor que ganaría los $200.000 mensuales, contra los pasantes que llegarían a los $120.000.
Los dirigentes gremiales suman a esta situación varias acusaciones a la familia Romero como la de no realizar los aportes previsionales y que la obra social que ofrecen se usa a cambio de publicidad en sus medios.
Según la nota de Télam, hubo varias reuniones durante el último fin de semana convocadas por la encargada de Recursos Humanos, Ruth Ontiveros; y el coordinador de redacción, Pablo Juárez, en las cuales los trabajadores del Grupo Horizontes S.A. fueron informados que la empresa se declara en «crisis» y que ofrece pagar un 50% del total de la indemnización, en 12 cuotas.
A partir de esta situación, el gremio, que integra la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FatPren), convocó al personal a adherirse al estado de «alerta», de cara a este martes martes 9 de abril, cuando notificados formalmente del PPC, el abogado del sindicato, Desiderio Diez, certifique día y hora de la audiencia para la participación de la entidad gremial .
«El sindicato no apoyará ningún despido y se manifiesta en estado de alerta y también queda a disposición si los trabajadores quieren hacer una asamblea para ver qué medidas se pueden tomar», dijo Fernando Díaz a la agencia Télam.
Sin embargo, para que el la Secretaría de Trabajo acepte la solicitud de procedimiento preventivo de crisis pedida por Horizontes S.A., el grupo debe demostrar que está en crisis presentado sus tres últimos balances financieros en rojo; mostrando que la situación afecta a más del 15% de los trabajadores, por ejemplo.
También tendrá que demostrar la relación de los hechos que fundaentan la solicitud; las medidas a adoptar, fecha de iniciación y duración de las mismas en caso de suspensiones; la cantidad de personal que se desempeña en la empresa y el número de trabajadores y trabajadoras afectados, detallando nombre y apellido, fecha de ingreso, cargas de familia, área donde revista, categoría, especialidad y remuneración mensual.
Además debe acercar los elementos económico financieros probatorios para acreditar la situación de crisis, desde los estados contables correspondientes a los últimos tres años, los que deberán estar suscriptos por contador público y certificados por el respectivo Consejo Profesional.
En ese sentido, la agencia Télam destaca un informe del sitio Salta Transparente que difundió que el diario El Tribuno durante el 2021 recibió el 71% de la totalidad de la pauta publicitaria oficial del gobierno provincial, con algo más de $54 millones otros $14 millones para la radio AM840.
En tanto que desde la Municipalidad de Salta, que estuvo bajo el mandato de Bettina Romero, el diario El Tribuno, su página web, la AM840 y FM La Red, recibieron $80 millones, $44 durante el 2021 y los primeros siete meses de 2022.
Un antecedente a esta situación, según la nota de Telam, data de diciembre del 2019, cuando despidieron a 17 trabajadores de prensa, incluyendo al jefe de redacción, Carlos Russo. Desde esa fecha, con el coordinador, Pablo Juarez, inició el llamado «plan de desguace» de El Tribuno y Radio Salta.
El operativo, siempre según la agencia oficial, comenzó con una reducción drástica de los recursos para trabajar, la falta de renovación de los puestos de quienes se fueron jubilando, las jefaturas «testimoniales» y la degradación sistemática de los salarios.
«Como siempre, la política de ajuste dentro de una empresa, sumada a un clima de tensión constante en el ámbito laboral, deriva en una merma en la calidad de la información», indicaron desde el sindicato.