La Fiscalía de Estado apeló la resolución del Juez Federal José Manuel Díaz Vélez quien trabó embargo por 1.200 millones de pesos sobre os bienes muebles e inmuebles de la Compañía Administradora de Mercado Mayorista Eléctrico (CAMESA).
Esta decisión se dio en el marco de la causa iniciada por la provincia de Tucumán por los trabajos realizados en la presa lateral N° 3 del dique El Cadillal, ya que presentaba filtraciones.
Los trabajos no los tenía que realizar CAMESA sino la firma que tiene la concesión del embalse Hidroeléctrica Tucumán SA. Pero Como la transportadora de electricidad le debe pagar a la concesionaria del dique la electricidad que le vende, entonces se busca que ese dinero lo pueda retener la provincia en carácter de embargo preventivo.
Pero ocurre que CAMESA no posee bienes inmuebles y solo cuenta con 25 autos que están distribuidos en distintas zonas del país y los mismos están en mal estado por el uso y el tipo de trabajo que con ellos se realizan. Esto significa que con ese patrimonio nunca se podría cubrir ni mínimamente el monto embargado.
La provincia quiere lógicamente recuperar el dinero invertido en los trabajos de una obra que no le correspondía y que lo hizo por la urgencia que los mismos demandaban. Aunque esos trabajos los debió hacer hacer la Hidroeléctrica Tucumán S.A.
Ahora la provincia buscará que el juez Federal Díaz Vélez trabe embargo sobre las acreencias que la concesionaria del dique El Cadillal tiene sobre CAMESA por la energía que le suministró. También, sobre las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios, cajas de seguridad.
Lo que se apeló no fue el embargo ordenado por Díaz Vélez, sino la forma. Se quiere que sea más efectivo para lograr el objetivo buscado.
Será la Cámara de Apelaciones, integrada por Marina Cossio, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuan, Mario Leal y Fernando Poviña. la que tome decisión al respecto.
