El Gobierno de La Libertad Avanza trabaja a contrarreloj junto a los legisladores de la oposición «dialoguista» para llegar al lunes 29 y martes 30 de abril a debatir en el recinto de la Cámara de Diputados los proyectos de la Ley “Ómnibus” y del “Acuerdo Fiscal”. Para ello, deberá dejar todo listo para que se trate rápidamente en el plenario de comisiones que comienza este miércoles.
El deseo del presidente Javier Milei es que las dos iniciativas obtengan media sanción antes del 1 de mayo para darle tiempo al Senado para que logre aprobarla antes del 25 de ese mes, conmemoración de la Revolución de Mayo y fecha elegida por el mandatario para la convocatoria del llamado «Pacto de Mayo», un acuerdo sobre 10 puntos esenciales para «refundar el país».
En el oficialismo mantienen el optimismo a partir de las correcciones que se le hicieron al último borrador, la novena versión, en base a sugerencias de los negociadores de los bloques más «amigables». Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem recibió en su despacho a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, alias “El Jefe”, su principal aliada dentro del Gobierno.
Si la conversación no apuntó al caso de Marcela Pagano y la aún vacante comisión de Juicio Político, ambos repasaron el plan para los próximos días, que inicia este miércoles con las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para dictaminar la Ley «Ómnibus», también conocida como Ley «Bases», y seguirá el jueves cuando José Luis Espert vuelva a reunir la de Presupuesto para tratar el de medidas «Fiscales».
Con la Marcha Universitaria de este martes como foco, también se tiene en cuenta el pedido de sesión especial que hizo el bloque de Unión por la Patria. La solicitud es para tratar el miércoles una serie de proyectos de distintos partidos sobre el financiamiento a universidades públicas, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que cortó el Ejecutivo, entre otros temas.
Esto frustraría los planes de dejar lista la Ley Bases para que pase rápido al recinto, pero desde el Gobierno aseguran que los bloques «dialoguistas» no darían quórum, especialmente tan cerca de sellar los acuerdos por el «mega proyecto» y el capítulo fiscal.
Días atrás, el propio presidente de la Cámara Baja reconoció que las partes están “más cerca de un acuerdo» que la última vez, cuando la Ley Bases sufrió un traspié en el recinto. «Tenemos muy poquitas diferencias, sigo siendo optimista», había señalado Menem en una entrevista.
Por el momento las negociaciones todavía siguen vivas, por lo que todavía no puede afirmarse que haya un texto definitivo hasta que finalmente se conozca el dictamen. En ese sentido, una de las modificaciones más importantes en la Ley «Bases» es el de la reforma laboral.
El Poder Ejecutivo accedió al pedido de la oposición «más cercana» de llevar los períodos de prueba de trabajadores de tres a seis meses (y no ocho como estaba en la propuesta original). Aunque se habilita a ampliar a ocho meses de período de prueba en empresas Pymes de entre 6 y 100 trabajadores, y a un año se si tratara de mini Pymes de hasta cinco trabajadores.
Los legisladores radicales, autores de este capítulo de la iniciativa, también incluyeron como opcional el fondo de cese laboral, la reducción de multas por no registración laboral y mantuvieron la eliminación de las contribuciones obligatorias para garantizar la libertad sindical, con el fin de proteger a los trabajadores «no afiliados».
Además, en este último borrador del proyecto «Ómnibus» también se sumó el planteo sobre el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a disolver reparticiones del Estado, si así los dispusiese. En consecuencia, se amplió la lista de organismos que están a salvo de cualquier intento de erradicación.
Más allá del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que ya estaba en el dictamen anterior, aparecen en la lista la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”; la ANMAT; el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el ENACOM; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras.
Otra suerte corren el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que actualmente el Gobierno los dejó fuera del listado.
La principal discusión que aún sigue abierta es la reversión del Impuesto a las Ganancias, que se debatirá en el marco del «Acuerdo Fiscal».
