«El 90% de las organizaciones sindicales indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado», indica un nuevo informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina en colaboración con el CEPA. El estudio fue analizado este jueves en la sede de SMATA por los dirigentes de la CSIRA y gobernadores opositores al gobierno, quienes ratificaron que el DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y el RIGI «llevan a nuestro país a una acelerada disminución de la actividad industrial».
La reunión de sindicatos industriales tuvo la presencia de cuatro de los seis gobernadores que no firmaron el Pacto de Mayo –Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)- y la de Gerardo Zamora (Santiago del Estero), uno de los 18 gobernadores que si la suscribió. En una dura carta posterior pidieron retrotraer las herramientas de gestión que impulsó Milei en los siete primeros meses de gestión.
«El gobierno nacional decidió incumplir contratos y desincentivar en las empresas para ahogarla financieramente y promover la privatización», indicó el documento conjunto, que, además, agrega que «estas medidas ya fracasaron en el pasado generando la desintegración de nuestro entramado industrial».
El documento presentado por la CSIRA es el resultado del segundo relevamiento de sindicatos industriales, que abarca a la cantidad de trabajadores de las empresas nucleados en la entidad (1.097.693 en total, de los cuales 56,7% está sindicalizado)- y más de 60 mil empresas.
A partir del relevamiento de los datos, se consignó que el 65% de las empresas declararon que la caída de las ventas supera el 15%. En tanto, el 40% de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos y el 50% manifiesta un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas.
El diagnóstico también fue severo al respecto del cumplimiento de las obligaciones: solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores y a proveedores en las fechas establecidas y el 38 % de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes.
Asimismo, para las organizaciones sindicales industriales las perspectivas sobre el desenvolvimiento de sus respectivos sectores no son alentadores: el 95% considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor.
Como dato complementario, se observa una disminución significativa en los turnos de producción. El 75,0% de las empresas han reducido sus turnos de producción. En particular, el 60,0% de los sindicatos señalan que las empresas del sector han disminuido sus turnos de producción hasta en un 30%, mientras que un 15,0% indicó que la reducción supera el 30%. La situación ha empeorado desde la medición de mayo.
Tanto desde los diversos sectores industriales como de los gobernadores, indicaron que el DNU desregulador y las leyes sancionadas esta semana por el Gobierno «dificultan aún más la posibilidad de acceder al primer empleo, situación por la cual insistimos en la necesidad de un acuerdo entre trabajadores, sindicatos, empresas y Estado; que genere los instrumentos necesarios para incorporar a su primer empleo a las próximas generaciones».
Asimismo, criticaron las «medidas propuestas de apertura indiscriminada y desregulación del comercio exterior» por «promover una isla de armadurías sin valor agregado, sin trabajo nacional y sin conocimiento aplicado al desarrollo». «El gobierno nacional va a contramano de los intereses de nuestra Nación al buscar confrontar personal e ideológica con nuestros socios comerciales», concluyeron.
