La firma del Pacto de Mayo representa una novedad en un país cuyo presidente reniega de la moderación y se siente cómodo en el plano de la confrontación permanente. No es una cuestión menor que 18 gobernadores provinciales hayan acompañado a Javier Milei y suscripto un acuerdo de coincidencias programáticas para una Argentina jaqueada desde hace mucho tiempo por las grietas políticas y la ausencia de políticas de Estado.
Particularmente destacable resulta el hecho de que los diez puntos del Acta de Mayo firmada el 9 de julio no son exclusivos del ideario libertario que caracteriza a la fracción gobernante, sino que comprenden cuestiones que podrían haber sido impulsadas por cualquier dirigente moderado y con un mínimo de sentido común frente a los prolongados problemas que atraviesa la Argentina. Y no menos relevante fue una frase de Milei que apuntó a que el país se halla ante un punto de inflexión, donde “el cambio se convierte en una obligación y una urgencia”.
La duda que subyace después del acto celebrado en Tucumán es cómo se llevará a la práctica el acuerdo para que no termine en algo meramente testimonial.
Dos puntos del Pacto de Mayo resultan claves. Son aquellos que postulan que el equilibrio fiscal es innegociable y que el gasto público, que hoy representa alrededor del 42% del PBI en las esferas nacional, provincial y municipal, debe retornar a niveles históricos del 25%.
Ninguno de los firmantes del pacto pudo obviar que los gobiernos provinciales y municipales son en conjunto responsables de más de la mitad de ese gasto público, y que entre 2003 y 2023 el número de empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal creció de poco más de dos millones a casi cuatro millones.
Paradójicamente, tras un acuerdo que apunta entre otras cosas a reducir el gasto estatal, el primer reclamo de no pocos de los gobernadores firmantes al gobierno nacional será por más fondos para sus provincias. “Nosotros cumplimos. Ahora es el turno del gobierno nacional”, advierten esos gobernadores.
Una de las demandas, que comparten los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es que el gobierno nacional cumpla con el compromiso legal de financiar los déficits de sus sistemas previsionales. Otro de los reclamos es que el Estado nacional se apure a cumplir con el esquema de financiamiento acordado para la finalización de obras públicas que quedaron paralizadas. Finalmente, el gobierno porteño exige la recuperación de los puntos de coparticipación que le había quitado la gestión de Alberto Fernández para financiar mejoras salariales en la policía bonaerense; se trata de una demanda avalada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero que aún la administración de Milei no ejecutó. El jefe de gobierno Jorge Macri le hará llegar el viernes próximo su reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo: unos 2,5 billones de pesos por la pérdida neta desde la quita de los puntos coparticipables entre 2020 y 2022, más 1,7 billones de pesos por la pérdida de los dos últimos años, desde el fallo de la Corte hasta junio último. Un total de 4,2 billones de pesos, a lo debe sumarse la demanda porteña por la transferencia de la administración del puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia.
¿Será factible llevar a la práctica concreta los consensos enunciados en el Pacto de Mayo si esos entendimientos no se traducen en una coalición de gobierno? Son muchos los actores políticos que dudan al respecto. El bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “estos objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas”.
Las relaciones entre el mileísmo y el macrismo también están signadas por cierta dosis de incertidumbre. Milei proyecta ir absorbiendo poco a poco a Pro, comiéndole dirigentes. Es una estrategia que Mauricio Macri conoce bien, pues cuando fue presidente de la Nación procuró hacer con sectores del radicalismo lo mismo que Milei pretende hacer hoy. Macri nunca fue partidario de que su alianza electoral, Cambiemos, se convirtiera en una coalición de gobierno. Mucho antes, Fernando de la Rúa tuvo una actitud parecida: había llegado al poder merced a una alianza electoral con el Frepaso, pero jamás se vio seducido por la idea de armar una coalición gubernamental; los límites de la alianza se desdibujaron y no tardaron en aparecer desinteligencias que siguieron con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, tras el escándalo de las coimas en el Senado, y el fin del propio gobierno delarruista.
Por estas horas, el Gobierno enfrenta otro desafío más candente, representado por las dudas del mercado acerca de cómo y cuándo se dejará atrás el cepo cambiario y sobre cuándo volverá a crecer la economía. En los últimos días, se asistió a la estampida del dólar; el aumento del riesgo país por encima de los 1500 puntos básicos; el incremento de la brecha cambiaria a niveles del 60% entre la cotización oficial y la del segmento libre; la caída de las reservas del Banco Central, y las diferencias públicas entre el FMI y la conducción económica. La liquidación de divisas por las exportaciones se encuentra bastante por debajo de los cálculos que se habían estimado para esta época, algo que entre analistas económicos del sector privado se relaciona con la hipótesis del atraso cambiario, que el Gobierno insiste en relativizar.
El registro del 4,6% de inflación en un mes caliente como junio, para el que muchos esperaban un número peor, le otorgó un respiro al Gobierno. Todo el mundo le reconoce a Milei que evitó la espiralización inflacionaria tras los alarmantes picos de diciembre último. Pero se le critica haberse aferrado al cepo a la compra de dólares y a la tablita cambiaria del 2% mensual. Este truco les permite a las autoridades contener alzas en alimentos, pero la continuidad del cepo impide la acumulación de más reservas y coarta el crecimiento de la economía.
Mientras los operadores esperan que se levante el cepo para seguir invirtiendo en bonos argentinos, lo que haría bajar el riesgo país, el Gobierno aguarda a que baje el riesgo país para dejar sin efecto el cepo. Una circularidad en la que ha quedado atrapado el Gobierno, según señala el economista y diputado de Pro Luciano Laspina. Llegamos así a un peligroso cóctel conformado por una conducción económica temerosa y un mercado escéptico.
En el Gobierno, sin embargo, se asegura que, si se siguen haciendo los deberes macroeconómicos, más el compromiso de emisión cero, la inestabilidad solo será temporal y no debería pasar mucho tiempo antes de que el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación converjan en un valor razonable. La falta de pesos y el esperado ingreso de dólares por el blanqueo alimentan sus expectativas favorables.
Pero hay otro peligro para la confianza en el Gobierno. Deriva del propio estilo pendenciero del Presidente, que no mide la dimensión de sus reiterados agravios contra personas e instituciones. Ni sus funcionarios más conciliadores, como Guillermo Francos, ni su sufrida canciller, Diana Mondino, pueden pasarse todo el tiempo reparando los daños que las irreflexivas y a veces soeces expresiones presidenciales provocan. La consigna “libertad para todos” se vacía de todo sentido si la palabra del jefe del Estado genera a diario un clima de hostilidad hacia el periodismo. Ayer, volvió a hacerlo al repostear un tuit de Agustín Laje que, al repudiar el atentado contra Donald Trump, acusó a los medios de prensa de trabajar “para lavarle la cabeza a la gente”. Su lenguaje colérico es impropio de quien inviste la más alta jerarquía de la Nación y de ningún modo puede ser justificado por el supuesto hecho de que Domingo Sarmiento “era también un gran puteador”, como afirma Milei en defensa propia.
Si el Presidente es capaz de diferenciarse claramente de la diatriba populista y demagógica que caracterizó a las gestiones kirchneristas, debería hacer un esfuerzo adicional para no terminar siendo identificado con los rancios rasgos de intolerancia que exhibieron tanto Néstor como Cristina Kirchner hacia la prensa y hacia quienes pensaran distinto. Néstor Kirchner solía decir que, antes que a los periodistas, prefería a los fotógrafos porque no hacían preguntas; para él y para su sucesora en la Casa Rosada, no había adversarios: solo súbditos o enemigos. Si Milei aspira a parecer otra cosa, debería tener presente que, históricamente, las intimidaciones a la prensa y a los críticos de una gestión gubernamental han tendido a ocultar mecanismos para violentar leyes y deberes morales en pos del enriquecimiento ilícito de funcionarios, familiares y amigos. Y que muchos de esos nefastos engranajes pudieron ser descubiertos merced a la labor del periodismo independiente./Fernando Laborda
