Luego de que se conociera que Fabiola Yañez designó a una nueva abogada, después de denunciar a Alberto Fernández por violencia de género, trascendió una presentación contra Juan Pablo Fioribello, quien hasta este jueves asesoraba legalmente a la ex primera dama.
En concreto, Fioribello fue denunciado por el letrado Jeremías Rodríguez ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, acusado de violar el secreto profesional, asesorar simultáneamente a personas con intereses opuestos y ventilar detalles de un expediente confidencial.
Luego de que Fabiola Yañez denunciara a Alberto Fernández ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini, Fioribello comenzó a aparecer en distintos medios de comunicación y divulgó detalles sensibles de la denuncia.
El abogado, que había representado tanto a Yañez como al propio Alberto Fernández, declaró que había hablado con la denunciante y el denunciado, «revelando información que debería haberse mantenido bajo confidencialidad».
En la denuncia presentada por Rodríguez, se señala que Fioribello no solo violó el secreto profesional al divulgar conversaciones privadas con sus clientes, sino que también asesoró a ambas partes en el conflicto, una acción prohibida por el Artículo 10 de la Ley 23.187, que regula el ejercicio de la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley establece que un abogado no puede representar, patrocinar o asesorar simultáneamente a personas con intereses opuestos en una misma causa.
Rodríguez subraya que Fioribello, sin mandato legal alguno, se embarcó en una «procesión mediática», ventilando hechos de un expediente de carácter reservado y divulgando detalles sobre pruebas y medidas que aún no habían sido presentadas formalmente ante la Justicia.
El accionar de Fioribello, según la denuncia, no solo compromete su propia integridad profesional, sino que también afecta la confianza que los ciudadanos depositan en los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. «Este deber es a su vez un derecho del cliente que garantiza la confidencialidad de que no se revele información obtenida durante la relación profesional con ellos», afirmó Rodríguez en su presentación.
Rodríguez solicitó al Tribunal de Disciplina que se instruya un proceso disciplinario contra Fioribello, para que se evalúe su conducta y se determinen las sanciones correspondientes.
Este jueves se conoció que Yañez eligió a Mariana Gallego como nueva abogada. Gallego es especializada en derechos de familia. Sin embargo, aún no se presentó en el marco del expediente para asumir formalmente el cargo. De hecho, a la espera de su declaración testimonial para aportar las pruebas que sustenten su denuncia, la Justicia federal aún no fue notificada de la designación de la abogada que asumirá la representación de Yañez.
En su página web, Gallego asegura que su equipo está compuesto por «profesionales especializados en el Derecho de las Familias, con amplia experiencia y compromiso, y una mirada actual sobre la realidad jurídica, brindando herramientas modernas para la mejor solución a las distintas problemáticas, desde una perspectiva a favor de la infancia, enfocando nuestro actuar en el beneficio de los niños, niñas y adolescentes».
«Trabajamos codo a codo con profesionales de distintas disciplinas (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras), que colaboran técnicamente con la tramitación de los procesos y el logro de objetivos. Acompañamos al cliente/a no sólo desde lo jurídico sino también desde lo emocional, porque entendemos lo difícil que resulta lidiar con un conflicto en el ámbito familiar», agregan desde el sitio web.
Antes de que se conociera que se transformaría en la nueva abogada de Yañez, en una entrevista radial Gallego se refirió al caso: «La realidad es que la situación procesal es que, en principio, el juez ha delegado la investigación en el fiscal. Es una causa que pareciera que va a tramitarse en la órbita federal, porque se trata de un delito cometido en un ámbito de exclusiva jurisdicción del Gobierno nacional. Porque los hechos que se investigan habrían sucedido en la Quinta de Olivos».
«Las medidas de restricción me parecieron impecables, es lo que corresponde: aunque la víctima esté en otro país, el hostigamiento puede ser interpósita persona, que creo que es lo que se sospecha: que hubo terceros que intentaron evitar que Fabiola visibilice lo que vivió y lo que está viviendo. Porque ese terrorismo psicológico del que habla, habría ocurrido en estos días», sostuvo.
«Por eso también se habla si existen funcionarios públicos que, sabiendo de esa situación, miraron para otro lado», resaltó la abogada.
