El diputado Carlos Gutiérrez (PJ) consideró “un despropósito” el ajuste que el presidente Javier Milei le pidió a las provincias durante la presentación del Presupuesto 2025.
“Hablar de esas cifras y ponerlas en espaldas de las provincias como si ya las provincias no hubiesen sido usadas para el ajuste, por parte del presidente me parece un despropósito”, aseguró el legislador cordobés.
“Hablar de 60 mil millones de dólares, si uno hace más o menos un cálculo grueso, y para Córdoba significaría alrededor de 5 mil millones de dólares, es decir una vez y media prácticamente los derechos de exportación, las retenciones que Córdoba pone todos los años en las arcas nacionales, la verdad que un despropósito total”, agregó.
“ Ayer en el zoom que hizo el ministro de Economía con varios gobernadores, con nuestra vicegobernadora, allí aparentemente según los trascendidos el ministro de Economía se encargó de relativizar esta cuestión, habló de 20 mil millones de dólares y no de 60 mil”, aclaró Gutiérrez.
Sin embargo luego aseveró: “Hasta esa corrección que podría ponernos contentos resulta realmente muy poco seria. El Presidente habló de 60 mil y el ministro de Economía al día siguiente lo desmiente. Y habla de 20 mil millones de dólares, de por sí sigue siendo un despropósito”.
Además afirmó que “ha llegado el momento ahora de empezar a tratar en serio el presupuesto y eso se hace en el marco de la comisión respectiva dentro del Congreso con la participación de todos los bloques”.
“Allí comienza un ejercicio de negociación que no tiene por qué ser una mala palabra. Por allí el Gobierno no está muy acostumbrado ni tiene la expertise de desarrollar esta tarea, pero esta tarea está implícita en cualquier parlamento del mundo”, sostuvo el diputado de Encuentro Federal.
También explicó que “por lo menos en una primera visión” del presupuesto proyectado no están incluidas “las obras que en Córdoba habíamos acordado en materia de saneamiento, rutas, y demás”.
“Si el presidente quiere un presupuesto, nosotros estamos dispuestos a dárselo, es nuestra obligación dárselo se lo damos pero debemos sentarnos a revisar cosa por cosa”, insistió.
“A este presidente por las razones que sean lo votó un importante número, eso es un punto de partida no es un salvo conducto al cielo, se haga lo que se haga”, enfatizó Gutiérrez.
Finalmente señaló que “el fundamento más importante es que los argentinos nos tenemos que dejar de pelear”.
“Ahora hay una nueva grieta, porque se ve que son funcionales unos a otros. No hay mejor servicio que prestarle a Milei que escucharla a Cristina en Merlo y las cosas que habló y viceversa”, concluyó el legislador justicialista.
La senadora Alejandra Vigo y los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge emitieron un comunicado para fijar su posición sobre el tema.
“Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB)”, inicia el documento titulado “El ajuste disparatado que el Presidente pretende que hagan las provincias”.
“Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial”, sostienen los legisladores.
“Esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas. Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy”, enfatiza el documento.
Además considera que “es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste”. “No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”, añade en otra parte de la publicación.
“Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”, concluye el texto.
