El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para pedirle a la Cámara Federal que deje sin efecto el procesamiento dictado en su contra por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Pidió que se declare la “nulidad absoluta” del procesamiento o, en su defecto, que se lo revoque.
El 2 de agosto pasado, Belliboni presentó su apelación (pidió además que anularan las declaraciones de los testigos de identidad protegida y de los arrepentidos en la causa) y este martes presentó sus fundamentos ante la Cámara Federal, que ahora deberá decidir si confirma o no el procesamiento.
El fallo que cuestiona Belliboni fue firmado por el juez federal Sebastián Casanello, que en julio pasado señaló que había pruebas suficientes para sostener que Belliboni desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria de la agrupación que encabeza y del Partido Obrero.
En un escrito presentado ante la Cámara, los defensores de Belliboni y otros acusados dijeron que “urgido por la mediatización de la causa, el a quo [por Casanello] dictó un procesamiento a las apuradas y sin debida fundamentación como corolario de una serie de violaciones al derecho de defensa, el ocultamiento de prueba y negativas a las peticiones de la defensa carentes de sustento”.
Se quejaron, entre otros aspectos de la marcha del expediente, de que Casanello se hubiera negado a postergar las declaraciones indagatorias pese al pedido de los defensores, que alegaron que necesitaban más tiempo para preparar las declaraciones porque defendían a 12 imputados, “la causa tiene una magnitud por momentos inabarcable” y el expediente se estaba “notoriamente desordenado ya que en sistema Lex 100 se pueden ver que las foliaturas no están en forma correlativa”. Esta negativa a postergar las indagatorias fue, para los defensores, “el primer acto de avasallamiento” del derecho de defensa.
“La igualdad de armas no existió, el acusador contó con cinco meses y cuantiosos recursos para llevar adelante tareas de investigación mientras que esta defensa solo contó con dos semanas y su lugar de trabajo gravemente invadido”, dijeron los abogados. La referencia a la invasión es porque el inmueble donde están sus oficinas fue allanado porque allí tenía domicilio una de las empresas investigadas en la causa.
Los defensores criticaron la forma en que se les tomó declaración a los testigos de identidad reservada y pidieron la nulidad de las declaraciones de los arrepentidos. “La imposibilidad de conocer la identidad de los testigos de identidad reservada impide controlar y cuestionar su calidad como tales. El juez no fundamentó debidamente la necesidad de la reserva de su identidad. Insistimos, existen diversos medios tecnológicos que hubieran permitido controlar sus declaraciones, que no fueron siquiera intentados por el juez”, dijeron. Se quejaron de que tampoco los dejaron presentar un pliego de preguntas.
Según el juez, Belliboni y sus supuestos cómplices recurrieron a la presentación de facturas falsas y al uso de empresas fantasmas; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero -según el fallo de Casanello- en la práctica no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Según la defensa de Belliboni, no hay pruebas en la causa para sostener todo eso. “El auto de procesamiento y la acusación fiscal adolecen del sustento probatorio necesario para fundar las conductas típicas que se pretenden atribuir a nuestros defendidos”, dijeron, y alegaron que “el procesamiento fue dictado a las apuradas”. Afirmaron: “Tal premura omitió tener en cuenta que restaba producir prueba”.
