“Tengo una bomba”, espetó un turista de nacionalidad brasileña en el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, provincia de Santa Cruz, donde inmediatamente se activó un protocolo de seguridad en el que más de 200 personas fueron evacuadas, además del revuelo y demoras que causó. Afortunadamente, resultó ser una falsa alarma. Otro de los casos policiales más impactantes de la jornada.
La situación se registró el viernes alrededor de las 9.18 según reportó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Ante la amenaza del turista que se preparaba para embarcar en un vuelo de Flybondi (5552), inmediatamente se activó el protocolo de seguridad.
En ese contexto de revuelo y desesperación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) evacuó a más de 200 personas, entre ellas pasajeros y trabajadores, hacia la playa de estacionamiento.
Luego, arribaron las autobombas de la Policía Federal Argentina.
Finalmente, al turista no se le encontró ningún explosivo entre sus pertenencias.
No obstante, el hombre quedó detenido en el lugar y no pudo viajar en el vuelo que tenía asignado. Se desconocen los motivos por los que le indicó al personal de la empresa que tenía material explosivo entre sus pertenencias.
“El pasajero fue identificado, se evacuó la aeroestación y se alertó al Sistema de Extinción de Incendios”, indicaron desde la ANAC, según consignó el diario local santacruceño. “El resultado de la inspección no identificó ningún explosivo en el equipaje, por lo que a las 10.30 se liberó el Aeropuerto para su uso”, agregó el organismo de aviación civil.
El episodio ocasionó demoras, hasta cerca del mediodía, en varios vuelos de las empresas Flybondi, LADE (Líneas Aéreas del Estado) y Aerolíneas Argentinas, que tenían partidas programadas hacia Buenos Aires y Ushuaia.
Ahora el brasileño deberá enfrentar cargos bajo el artículo 194 del Código Penal Nacional, que penaliza las interferencias en el funcionamiento de servicios públicos y transportes.
«El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses», sostiene la norma.
A principios de septiembre, un importante shopping de la localidad bonaerense de Pilar recibió una llamada anónima por amenaza de bomba, lo que obligó a las autoridades locales a desalojar el predio comercial por completo.
El hecho ocurrió cerca de las 20:30, con una llamada anónima. Rápidamente se activó el protocolo de seguridad.
Las fuerzas de seguridad del lugar, en conjunto con la Policía Federal, cerraron los accesos al shopping, ubicados en la Panamericana, Las Magnolias y Ruta 8 para trabajar con mayor tranquilidad en la zona. Además, la Brigada de Explosivos se hizo presente en el lugar para revisar la zona.
Finalmente, cerca de las 22 se concluyó en el lugar de los hechos que no se encontró ningún artefacto sospechoso y que los resultados fueron negativos.
