De acuerdo a la denuncia del legislador libertario José Macome, el IPLA tiene 164 empleados que consumen el 90% de su presupuesto en sueldos millonarios, sin resultados visibles en la lucha contra el alcoholismo.
Macome con buen criterio y siguiendo la lógica del gobernador de la provincia que eliminó organismos del Estado al inicio de su gestión, quiere que el IPLA desaparezca del organigrama.
Al frente del organismo está Dante Loza, un ex cortesano de la corte de Alperovich. Un «che pibe» para lo que necesitaba el jefe. Nunca dejó ningún aporte ni le imprimió su huella en ningún tema relacionado con la realidad de Tucumán. Carente de cualquier atributo necesario para manejar la cosa pública o para intervenir en la búsqueda de soluciones a las múltiples demandas sociales.
En el organismo, transformado en guarida política, cobran suculentos sueldos otros cortesanos del ex gobernador condenado por violador, quien pasa sus jornadas en el pabellón de violines en la cárcel de Ezeiza.
Loza y muchos ex cortesanos supieron acompañar a Alperovich día y noche. Junto al interventor del organismo alguno de los empleados del IPLA estuvieron compartiendo el departamento de Puerto Madero del jefe, en jornadas en las que habría sido violada la denunciante, según su declaración en la causa que terminó con la condena.
El proyecto de ley del legislador Macome propone la disolución del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y la creación de un Registro Público de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud.
La lucha contra el alcoholismo está perdida, hay que buscar otra estrategia. Por eso el IPLA debe desaparecer, es una simple formalidad para hacer creer que hay un sector del Estado trabajando en la prevención del consumo de alcohol. Nada más alejado de la realidad. Es pura y básica empleomanía. Gasto absolutamente improductivo, que se debería destinar para otros fines más nobles que tiene el Estado.
La propuesta legislativa propone crear un registro público de expendedores de bebidas alcohólicas De trámite simple y pocos requisitos, salvo para las personas jurídicas a quienes se les debería solicitar el contrato social, el último balance anual y la elección de autoridades.
Macome enfatizó que esta medida busca garantizar un control más riguroso por parte del Estado sobre los comercios habilitados para la venta de alcohol. Aquellos que no cumplan con los requisitos enfrentarán severas sanciones, y los responsables de los locales, ya sean propietarios, gerentes o encargados, serán considerados responsables directos de cualquier infracción a la normativa.
Las multas a los incumplimientos se agravan en el proyecto de ley, para que no haya incentivos a violentarla. Y para aquellos que son reincidentes se plantea la clausura definitiva. Lo que se busca es que aquellos que quieran expender bebidas alcohólicas asuman la responsabilidad que les toca en esta cadena que busca disminuir el consumo de alcohol.
La propuesta fija como pauta la prohibición sin atenuantes de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, como ocurre en otras provincias y que demostraron que al tener una legislación adecuada y al llevar a cabo controles estrictos se pueden esperar buenos resultados.
Por estos motivos se busca eliminar el IPLA y que la lucha contra el alcoholismo pase a la órbita del ministerio de Salud, que tiene personal capacitado con estudios universitarios y especialistas que podrían lograr los objetivos que este organismo nunca logró, porque fue tomado como una guarida política para aquellos que no tienen ninguna capacidad para aportar nada y es necesario darles una ayuda económica disfrazada de sueldo y funciones.
