El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Walter Lara Correa, le ordenó al Gobierno nacional mantener los programas de entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios en todo el país.
El fallo responde a un amparo promovido por la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La defensora pública Florencia Plazas también acompañó la acción en representación de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos a una alimentación adecuada se veían vulnerados.
En un sentencia de más de 100 páginas, el magistrada ordenó la continuidad de los programas del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, el Programa Alimentar Comunidad, el Programa Prestación Alimentar y el Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004, resguardando así el principio de no regresividad en derechos humanos, conforme a la Observación General N° 19 del Comité de los Derechos del Niño (2016).
El juez Lara Correa, no obstante, aclaró que no limita las facultades del Poder Ejecutivo para revisar, reestructurar o auditar los programas, siempre y cuando se mantenga el derecho a la alimentación del colectivo destinatario de forma efectiva.
Además, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello deberá informar cada mes sobre el desarrollo y alcance de estos programas, incluyendo la cantidad de personas alcanzadas y la ubicación de cada comedor o merendero.
También el juez ordenó que el Estado Nacional informe sobre los convenios y políticas alimentarias desarrolladas en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales para atender a sectores vulnerables.
En sus fundamentos, el magistrado recalcó que el derecho a la alimentación es una obligación del Estado que debe ser atendida de manera continua y progresiva.
Subrayó que este derecho está respaldado tanto por el orden jurídico interno como por compromisos internacionales asumidos por Argentina. “Los principales beneficiarios son las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”, apuntó.
