Conmovió a la opinión pública y estremeció a la política nuevamente el hallazgo de más mercadería que distribuye el ministerio de Desarrollo Social para las familias de bajos recursos.
Esta es una nueva saga de este sainete estatal, que tiene como máximo responsable al ministro del área Federico Masso, quien ya no tiene forma de defenderse. Es inoperante e incapaz de desarrollar la responsabilidad que libremente asumió. Nunca debió estar donde está.
En esta nueva causa hay dos personas detenidas y dos personas prófugas que ya están identificadas.
Los operativos ordenados por el juez Sebastián Norniella Parachese se llevaron a cabo en Manantial Sur, Yerba Buena y Alderetes, dando resultados positivos al sur de San Miguel de Tucumán. Detuvieron en una vivienda del Sector B de Manantial Sur a Arturo Alejandro Augier, de 50 años, y a Soledad Malvina Décima (27).
En este allanamiento los policías se encontraron con cajas de leche en polvo, paquetes de fideos y varios kilos de harina, arroz, lenteja y yerba mate. Hicieron notar que en esta oportunidad la cantidad era menor a la secuestrada en el procedimiento anterior llevado a cabo hace dos semanas.
Pasaron pocos días desde el anterior escándalo donde se encontró, por casualidad mercadería en Manantial Sur, ya que había una actuación por violencia de género que terminó revelando presuntas irregularidades vinculadas al manejo de mercadería destinada a programas de asistencia social. En esa oportunidad quedaron detenidos Alberto Felipe López, de 58 años, y su hijo, Juan López Cansillieri, de 39, a quienes se les confirmó la prisión preventiva un plazo de 90 días.
En la Legislatura se espera la presencia de Federico Masso para brinde explicaciones de lo inexplicable.
No deja de sorprender que es el gobierno el que debe rendir cuentas de lo que está haciendo con el manejo de los fondos públicos, en este caso la compra de mercaderías para personas de bajos recursos, y sea el mismo gobierno el que se constituye como querellante de una causa donde está investigado. Distinto sería si esa mercadería hubiese sido sustraída de los galpones del Estado, pero no es mercadería que entrega el gobierno y que se supone que debería tener una trazabilidad insospechada por el sentido social que tiene esta actividad.
