Si bien no está contemplado en la ley provincial 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, comenzará a discutirse en el Concejo Deliberante de Córdoba un proyecto de ordenanza que busca regular la tenencia y portación de armas menos letales por parte los ciudadanos, a la vez que autoriza a hacer uso en situaciones de legítima defensa.
La iniciativa, que lleva la firma del concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Diego Casado, promete largas horas de discusión entre sus pares. “El ciudadano tiene que tener alguna posibilidad de poderse defenderse y defender sus bienes de alguna manera que no sea letal”, dijo en el programa Punto y aparte, en la 90.7 Punto a Punto Radio.
La propuesta establece requisitos estrictos para la obtención de una licencia, como ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales y aprobar un curso de capacitación en el uso responsable de armas menos letales. Estas licencias deberán renovarse cada dos años mediante un curso de actualización y una verificación de antecedentes.
Entre las armas permitidas figuran bastones, gas pimienta, pistolas Taser, balas de goma y sprays de defensa personal. Su uso estará limitado a “situaciones de legítima defensa propia o de terceros, y en casos de amenaza inminente”. Estará prohibido en manifestaciones públicas y ciertos espacios como establecimientos educativos y centros de salud, salvo emergencias.
“No queremos que la gente se arme con armas letales, si se tienen que proteger, que al menos lo hagan con armas que no generen muertes ni dolor en la ciudadanía”, explicó el edil.
El proyecto también establece la creación de un registro de portadores y controles periódicos por parte de las autoridades. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas, suspensión de licencias y acciones legales en casos de abuso o mal uso.
Casado pretende un debate entre los concejales cordobeses para “lograr un consenso” en el proyecto “en el que podamos hacer converger la ley de Seguridad Pública provincial y también la nacional”.
Un componente destacado de la propuesta es el programa municipal para el intercambio voluntario de armas de fuego por dispositivos menos letales, como una medida para reducir accidentes y delitos relacionados con armas letales.
Este programa incluye la inutilización y destrucción de las armas entregadas y procura garantizar la amnistía por tenencia ilegal de armas durante el período de ejecución.
Según los fundamentos de la iniciativa, se pretende equilibrar el derecho a la defensa personal con la necesidad de disminuir la violencia e inseguridad, protegiendo los derechos humanos, mediante un enfoque de precaución, capacitación y control, promoviendo alternativas menos riesgosas para la ciudadanía.
