El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán condenó a 7 años de prisión al ex guardiacárcel Santo González, por la apropiación de un bebé nacido en cautiverio entre mayo y junio de 1976, mientras su madre se encontraba secuestrada en el penal de Villa Urquiza, donde funcionaba un centro clandestino de detención (CCD).
Los jueces Enrique Lilljedahl, Ana Carina Farías y Abelardo Jorge Basbús que integran el TOF dieron a conocer su veredicto en la tarde de ayer jueves, cuando resolvieron condenar a Santo González a siete años de prisión como partícipe secundario del delito de sustracción, retención u ocultación de un menor de 10 años.
Se trata de Mario Navarro, quien recuperó su identidad en el 2015, a sus 38 años cuando pudo conocer a su madre biológica y se convirtió en el nieto 119 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina y el tercero de Tucumán.
La pena impuesta por el TOF no coincidió con los pedidos realizados por la fiscalía y la querellas, que habían solicitado 12 y 13 años de prisión respectivamente. Los jueces ordenaron, además, la inhabilitación perpetua de González y decidieron mantener la prisión domiciliaria de la que goza actualmente, monitoreado con un dispositivo electrónico.
Santo González ya había sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita e imposición de tormentos agravados cometidos en el 2014, cuando tuvo lugar el juicio conocido como “Penal de Villa Urquiza”.
Durante los alegatos, el fiscal Pablo Camuña aseguró que casos como estos nos interpelan. “Esto es un daño que trasciende a las víctimas y se proyecta a la sociedad. Aquí hubo una persona que fue arrancada de su madre, y a la que se le negó la identidad durante casi 40 años. Estos hechos fueron cometidos por funcionarios del Estado y con todos los recursos puestos para el secuestro de personas que no coincidían con sus ideologías”, afirmó. “El relato de la víctima nos impactó mucho. Lo llamativo es la forma en la que ella relata cómo le arrebataron al niño, en condiciones infrahumanas. El delito, desde que al niño le cambiaron el apellido, se sigue cometiendo. Y nadie decía nada. Ella fue secuestrada en julio de 1975, encerrada en total clandestinidad. Fue torturada, abusada, violada en múltiples ocasiones”, advirtió. Y aseguró que “está demostrado que Santo González fue quien trabajaba ahí, no otro González. No hay confusión. No tenemos dudas de que González es el González que está siendo juzgado”. La auxiliar fiscal Valentina García Salemi, por su parte, advirtió que el imputado trabajó en el penal desde 1971 a 1989 y que formó parte de la guardia armada. “Cuando Mario fue apropiado él trabajaba en Villa Urquiza. Hubo 11 niños en total en esa cárcel. Él fue parte de esa patota y él garantizó la quita del bebé, garantizo la retención, el tenerlo separado de su madre. Y fue parte del ocultamiento de ese bebé durante más de 38 años. Dio un aporte sustancial para que ese hecho se consumara. Esto es un delito de Lesa Humanidad”, remarcó. Y luego dijo: “Mario es un sobreviviente. Pero se le quitó la identidad a una persona, a sus hijos, que no podían conocer su propia historia, su propia genealogía”. Los representantes del Ministerio Público pidieron una pena de 12 años de prisión para González.
Las representantes de la querella, Patricia Chalup y Carolina Villella, adhirieron a los planteos del MPF, pero pidieron que la condena sea de 13 años de prisión.
En tanto, el defensor oficial, Mariano Galletta, reafirmó lo que había dicho su cliente el día anterior. “En el penal de Villa Urquiza había 10 González”, dijo. Y afirmó que la madre del niño jamás lo acusó, y que no reconoció a González. “Y está demostrado que él trabajaba en la guardia externa, no adentro de las celdas”, explicó. Y dijo que no hay pruebas del día en el que el niño nació, con lo no se puede saber si Gonzalez estaba el día que se produjo ese hecho. “No hay ninguna prueba de que él haya estado relacionado con todo esto. Existe, como mínimo, una duda razonable. Por eso voy a pedir la absolución lisa y llana y además que sea puesto en libertad inmediatamente”, agregó.
Antes de conocer el fallo, González sostuvo su inocencia. “Confío en ustedes señores jueces. Yo nunca cometí todo esto”, dijo.
Además de la condena a siete años de prisión, los jueces ordenaron la inhabilitación perpetua del sentenciado, aunque decidieron mantener la prisión domiciliaria de la que goza actualmente, monitoreado con un dispositivo electrónico. También ordenaron que se continúe con el tratamiento psicológico voluntario al que hoy se someten tanto Navarro como su madre. Finalmente, ante un pedido tanto de los fiscales como de los querellantes, los jueces exhortaron a todas aquellas personas que hayan nacido entre 1973 y 1983 y que tengan dudas sobre su identidad a que concurran a cualquier dependencia de la Justicia Federal o de Abuelas de Plaza de Mayo./Eltucumano
