Funcionarios del Gobierno volvieron a notificar a los usurpadores de tierras en la reserva natural de El Mollar que debían abandonar las tierras que ocuparon ilegalmente, de lo contrario serán desalojados.
Pese a que hay una medida cautelar vigente, muchos no sólo no abandonaron las tierras fiscales, sino que además desoyeron la orden de suspender todas las construcciones y modificaciones que alteraron la zona.
Todo comenzó cuando funcionarios determinaron que había tierras fiscales que fueron ocupadas para construir viviendas particulares y emprendimientos económicos.
A partir de ahí la Policía realizó varios operativos en los que eliminó postes y alambrados y también derrumbó casas de materiales y paredes que se estaban edificando.
El problema con el que se encontraron desde un inicio fue que la cacique Margarita Mamaní se opuso al desalojo sosteniendo que “son nuestras por derechos ancestrales” y reclamó el derecho a vivir y disponer de las tierras en cuestión.
Se constató que delegados comunales habían otorgado autorización para que los habitantes de la zona construyeran allí sus viviendas pero además, en medio del caos hubo particulares que lotearon parcelas para vender. El descontrol viene desde hace tiempo.
Documentación que se encuentra en la Dirección General de Catastro establece que las tierras en pugna no pertenecen a la comunidad indígena porque son propiedad del Superior Gobierno de la Provincia.
La jueza María Felicitas Masaguer, vocal presidente de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa estableció “con los elementos de juicio aportados hasta aquí y con la provisoriedad propia de esta etapa inicial del proceso, considero que en este caso concurren los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora con intensidad suficiente para suscitar una intervención cautelar dirigida a conseguir el objetivo primordial de proteger el medio ambiente que se alega comprometido”.
Concluida la feria judicial de enero 2025 se espera que la Justicia determine el desalojo definitivo de los ocupantes ilegales de las tierras pertenecientes a la reserva natural de El Mollar, y ponerle fin a esta película que se viene repitiendo en Tucumán desde hace décadas.
