La Corte Suprema de la Nación decidió tomarle juramente a Manuel García-Mansilla como nuevo integrante del tribunal y definirá el próximo jueves qué hace con Ariel Lijo. Ambos fueron designados por decreto, en comisión y durante un año, por el presidente Javier Milei.
«En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José Garcia Mansilla», se informó oficialmente este jueves.
«Dicho acto se realizó en el Salón Bermejo del 4 piso del Palacio de Tribunales en presencia del Dr. Horacio Rosatti, Dr. Carlos Rosenkrantz, y Dr. Ricardo Lorenzetti, presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema, respectivamente. En el próximo Acuerdo del día 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del Dr Ariel Lijo», ampliaron.
¿Por qué el Máximo Tribunal decidió tomarle juramente a García-Mansilla y no a Lijo? Porque en particular Rosatti y Rosenkrantz consideran que Lijo debe renunciar a su cargo como juez federal de Comodoro Py, sin que resulte suficiente el pedido de licencia extraordinaria sin goce de sueldo que solicitó para sumarse a la Corte.
Es un debate abierto: Lorenzetti, que propuso el nombre de Lijo al Gobierno, cree que debe sumarse ya. El extitular de la Corte, aliado ahora al oficialismo, busca romper la mayoría que dominó el cuerpo en los últimos años: hasta diciembre, a Rosatti y Rosenkrantz se sumaba Juan Carlos Maqueda, quien debió dejar el cargo por cumplir 75 años.
El cuestionado juez federal y García-Mansilla fueron las propuestas del Ejecutivo, hace ya casi un año, para ocupar los cargos de Maqueda y de Elena Highton de Nolasco. Lijo consiguió dictamen de comisión en el Senado, pero los legisladores se negaron a votar su pliego. En el caso del jurista, no llegó siquiera esa instancia.
Por eso, cuando se vencían las sesiones extraordinarias en las que el Gobierno pidió tratar el tema, Milei decidió nombrarlos en comisión durante un año, a través de un decreto. La medida, fue cuestionada por sectores políticos, empresarios y de juristas, que aseguran que al estar los pliegos enviados, deberían seguir el trámite parlamentario normal.
