El Tribunal de la Cámara Federal de Tucumán, resolvió por unanimidad instar al Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a que con urgencia considere incluir a los afiliados tucumanos al PAMI, dentro de los alcances de la medida cautelar instrumentada para frenar las restricciones y garantizar la continuidad del acceso a los medicamentos gratuitos del PAMI.
Esta decisión de la Cámara Federal de Tucumán se origina a partir del amparo presentado por el diputado Nacional Carlos Cisneros, y por la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (REDECU), presidida por la Secretaria General de la Asociación Bancaria Seccional Tucumán, Cecilia Sánchez Blas, en defensa de los jubilados tucumanos alcanzados por la polémica medida del gobierno nacional.
Cisneros y Sánchez Blas plantean en el amparo que a los jubilados alcanzados por las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024 del PAMI no se les corte el acceso a los medicamentos y se les restablezca la cobertura del programa «vivir mejor» debido al daño que estas decisiones les generan en la calidad de vida.
“La medida requerida se vincula con el derecho a la salud en la ancianidad, cuestión de esencial defensa en el ámbito de los derechos humanos”, señalaron en los considerandos Poviña, Leal y Moltini, integrantes de la Cámara Federal de Tucumán.
Con la resolución emitida por el tribunal de la Cámara Federal de Tucumán, significa que la causa continuará su trámite en la justicia de Mendoza y será el Juzgado Federal N°2 de Mendoza el que deberá decidir si hace lugar a este amparo, impulsado por los dirigentes sindicales bancarios, para proteger a los jubilados tucumanos y garantizar su acceso a la salud, en este momento en el que el PAMI profundiza los recortes y la quita de prestaciones.
Proveer medicamentos gratis y acceso a distintos servicios médicos es para los jubilados una cuestión de vida o muerte. La protección y el cuidado de las personas de la tercera edad es una obligación primaria del Estado, que debe velar por la buena vida de los ciudadanos, sobre todo de los más indefensos como son los niños y las personas mayores.
El amparo tiene este sentido y se basa en esta doctrina que viene desde hace décadas cuanto se crearon los derechos sociales de las personas y se fue perfeccionando la cobertura legal de los derechos que se deben proteger.
Representa además, una denuncia por el impacto negativo de las modificaciones que endurecen los requisitos para el acceso a medicamentos con cobertura total por razones sociales a los afiliados del PAMI.
Es inadmisible que los adultos mayores deban enfrentar trabas burocráticas y administrativas para acceder a los medicamentos que necesitan. Estas medidas no solo afectan su salud, sino que además violan el principio de no discriminación consagrado en nuestra legislación y tratados internacionales.
