Con el objetivo de recuperar todas las tierras que fueron usurpadas al Estado Provincial el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo creó la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural.
La flamante unidad funciona en el ámbito de la Fiscalía de Estado que se encuentra a cargo de Gilda Pedicone. Su misión será supervisar y coordinar la ejecución de acciones jurídicas en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad.
La usurpación llevada a cabo en El Mollar movilizó al primer mandatario quien dejó en claro dentro de su gabinete y en la sociedad en general que no se tolerarán más estos hechos ilegales. De ahora en más se protegerá con mayor celo la propiedad privada y el patrimonio que pertenece a la provincia.
Para graficar la decisión que tomó Jaldo declaró hace unos días “Vamos a hacer respetar lo que es patrimonio de la provincia y, sobre todo, lo que tiene que ver con terrenos fiscales”. El primer mandatario pidió firmeza frente a estos hechos.
En este sentido se designó al abogado Hugo Vitale al frente de la Unidad Ejecutora. Indicó que están analizando todos los mapas donde quieren tomar decisiones concretas sobre lo que es patrimonio de la provincia y que se realizará un trasvasamiento gradual de las causas en cursos para no alterar los procesos.
Hay que aclarar que si en la provincia hubo muchos casos de usurpación de tierras fiscales y se hizo uso particular de aquellos espacios que eran públicos fue por la inacción o negligencia del mismo Estado que no supo cuidar lo que le pertenece. Además, hubo decisiones políticas y retornos económicos detrás de muchos de estos casos que engordaron los bolsillos de funcionarios públicos.
Un caso paradigmático en este sentido fue el de La Quebradita donde un particular que quedó con 10 hectáreas que eran del Estado mediante prescripción adquisitiva. Lo puedo lograr porque el Estado no se defendió como correspondía en el juicio. Se perdieron por negligencia tierras valuadas en U$S 3,5 millones.
Se les comunicó a los 93 delegados comunales que deben cuidar los territorios que administran y que no toleren ningún hecho ilegal cuando de tierras fiscales se trata.
Pedicone de Valls indicó que ya se lograron los accesos a la documentación de Catastro y al Registro Inmobiliario. Dijo que se llevarán a cabo relevamientos sectorizados, incluso con la utilización de drones. “Se hará un plan de trabajo con fechas y destinos”, agregó.
En el gobierno dejaron trascender que hay varios litigios por tierras fiscales que se están sustanciando en la Justicia.
