El Gobierno de Tucumán avanza en su plan para la recuperación por vía judicial de todas las tierras fiscales -propiedad del Estado- que consideran han sido tomadas de forma irregular. Para ello, el gobernador Osvaldo Jaldo creo mediante un Decreto Acuerdo la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural dependerá de la Fiscalía de Estado y tendrá como misión «promover las causas civiles y penales para hacer efectiva la integridad y recupero de los inmuebles y bienes del Estado provincial«.
En el marco del conflicto legal por tierras fiscales en la Reserva La Angostura en El Mollar y tras conocerse que la Provincia habría perdido 10 hectáreas del Loteo La Quebradita en Tafí del Valle y con otras 46 bajo amenaza, desde Casa de Gobierno se decidió avanzar en la creación de la Unidad Ejecutora ante «la urgencia de incrementar su eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno, en relación a la tramitación de causas en las jurisdicciones provincial y nacional, en las que el estado provincial sea parte, en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad«.
El decreto lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y de los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia); Daniel Abad (Economía y Producción); Luis Medina Ruiz (Salud Pública); Susana Montaldo (Educación); Darío Monteros (Interior); Federico Masso (Desarrollo Social); Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); y Federico Nazur (Obras y Servicios Públicos).
Funciones de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural:
1) Entender, conforme lo indique la superioridad, en el inicio y tramitación de causas en las jurisdicciones provincial y nacional en las que el Estado provincial sea parte, en materia de su competencia.
2) Promover las causas civiles y penales para hacer efectiva la integridad y recupero de los inmuebles y bienes del Estado provincial.
3) Procurar la constitución de comités interministeriales de prevención y monitoreo del patrimonio provincial.
4) Supervisar las estrategias procesales en los juicios en que la Provincia intervenga, en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad.
5) Coordinar sus acciones con los organismos que correspondan en materia de su competencia.
6) Informar a la superioridad del estado general de las causas que se tramitan, controlando la recepción de las notificaciones pertinentes.
7) Distribuir, entre los letrados apoderados, las causas judiciales para su atención, en materia de su competencia.
