La gobierno recuperó parcialmente las tierras pertenecientes a la Reserva Natural La Angostura.
Fue el primer triunfo de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, creada para ordenar la situación de las tierras fiscales en toda la provincia, en particular en las villas turísticas, es que ya comenzaron con los trámites para recuperar los terrenos que están en el ingreso al Valle de Tafí y donde funcionaba un bar y comercio que vendía artesanías.
Está pendiente de recuperar el predio que ocupó el club «Los Sauces» que la cacica Margarita Mamaní sostiene que pertenecen a la Comunidad Diaguita El Mollar.
Hay un predio que no cumplió el objetivo con el que la provincia lo había entregado. El proyecto inicial era que el club Monteros Voley construyera un complejo deportivo, pero finalmente no se concretó. El gobierno luego de una década busca recuperarlo.
Ayer se llevaron a cabo acciones de funcionarios de la Unidad Ejecutora quienes notificaron a los demandados y además, colocaron carteles para informar que esos bienes pertenecen a la Provincia como una forma de visibilizar el estado en que se encuentran.
Toda esta historia tuvo su inicio en octubre 2024, cuando una comisión de empleados estatales descubrió que desconocidos habían usurpado las tierras de la Reserva Natural La Angostura.
El caso que tomó estado público fue el “Loteo Gaucho Castro”. A partir de ese momento se inició una causa en la que están siendo investigados Juan Pablo Castro (titular el emprendimiento), el ex titular de Regularización Dominial y Habitat Fernando Rogel Chaler, los empleados de esa repartición Maximiliano Barreiro y Rafel Trujillo, Jéssica Mamaní (nuera del último trabajador estatal), Damián Romano (nieto político de Castro) y el comisionado rural Jorge Cruz, que fue separado de su cargo.
El fiscal Miguel Varela pudo reunir todos los indicios para acusar a los implicados por estafas reiteradas por la venta de terrenos de la Reserva. Sin embargo, el expediente está paralizado porque la fiscala Mónica García no solicitó la audiencia de formulación de cargo en contra de los mencionados.
Si bien el Juez Mario Velázquez ordenó la restitución de las tierras a la Provincia y el desalojo de las personas que viven allí aparte de la demolición de las casas construidas en el predio nada de esto se pudo concretar debido a que los abogados de las personas involucradas impugnaron la resolución del magistrado.
