El Gobierno de Javier Milei tomó una tajante decisión sobre los principales programas habitaciones a nivel nacional, Procrear y Casa Propia, al decidir disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda en el marco de la política de ajuste del Estado.
La publicación del Decreto 70/2025 oficializó la decisión del Ejecutivo nacional de finalizar la financiación de viviendas para trasladar esa responsabilidad a las provincias, los municipios y el sector privado.
El cierre de la dependencia estatal marcó el fin de los principales programas habitacionales del Estado que tenía a cargo y, por consiguiente, de los fondos fiduciarios de los que dependían sus funciones o que están en proceso de liquidación.
La principal razón tiene que ver con las irregularidades en la administración, la falta de controles y el uso ineficiente de recursos públicos que alegó el Gobierno, luego de que una auditoría revelara demoras en la entrega de viviendas y problemas en las condiciones de habitabilidad de muchas unidades adjudicadas.
De esta manera, Milei dispuso la eliminación de Procrear en 2024 y del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social a comienzos de 2025 debido a las denuncias de desvíos del presupuesto y uso con fines políticos.
A su vez, el Gobierno avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba proyectos de urbanización en barrios populares.
Con estos cambios, la gestión de vivienda queda en manos de los gobiernos locales y el mercado inmobiliario, sin participación directa del Estado nacional.
