El abogado Gustavo Morales, cumple arresto en el penal de Benjamín Paz debido a que está acusado en una causa donde se lo imputa como líder de una sedición policial que finalmente fue abortada en marzo 2024.
El juez Bernardo L’Erario Babot le dictó la prisión preventiva por 30 días por desobediencia judicial.
En una audiencia que se llevó a cabo y que duró más de cinco horas los defensores del abogado Morales pidieron que el letrado sea dejado en libertad. El pedido no prosperó debido a que el juez de impugnación denegó el pedido y aceptó que en todo caso cambie de lugar de encierro, esto es que sea trasladado del Penal de Benjamín Paz al de Villa Urquiza.
El 15 de octubre de 2024, por pedido de José María Molina, representante de la Fiscalía de Estado que tiene el rol de querellante en la causa, el juez Gonzalo Ortega, a través de una medida cautelar, le ordenó a Morales que se abstuviera de hacer comentarios sobre la vida privada de la fiscala Mariana Rivadeneira (que investiga el caso), de Laura Casas (jueza interviniente), del ministro Fiscal Edmundo Jiménez, de los vocales Daniel Leiva y Antonio Estofán y todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del gobernador Osvaldo Jaldo.
La prohibición regía tanto para las redes sociales, como para los demás medios de comunicación o plataformas digitales públicas existentes, de modo directo o por medio de interpósita persona.
En febrero el L’ Erario Babot aceptó el pedido de la fiscal Rivadeneira quien pidió que se le dictara prisión preventiva por 60 días al abogado Morales por haber incumplido la orden judicial. Pero en vez de 60 días el juez solo impuso un prisión por 30 días que se está cumpliendo.
En el debate, el abogado defensor Diego Piedrabuena planteó que no correspondía otorgarle la prisión preventiva porque el delito por el que estaba acusado contemplaba una pena condicional. También dijo que la mayoría de los mencionados en la medida no forman parte del proceso y por esa razón era imposible que entorpecieran la investigación. Recalcó además que no había razón alguna para sospechar que el imputado evadiera el accionar de la Justicia.
El otro defensor de Morales, el abogado Carlos Garmendia, sostuvo que el detenido no estaba recibiendo la atención médica necesaria para sus problemas de salud. Solicito que se le permita terminar de cumplir el arresto en su domicilio.
En la audiencia la fiscala Rivadeneira rechazó los fundamentos de los defensores indicando que Morales está acusado de incitar una huelga policial y ahora se le agregó la imputación de desobediencia judicial, por lo que no se estaría ante una pena de cumplimiento condicional.
Por su parte, la auxiliar fiscal Brenda Deroy dejó en claro que Morales pasó más tiempo en centros asistenciales que en el penal y que tiene un enfermero 24 horas disponible para cualquier tipo de dolencia que presente, desmintiendo el argumento que no recibe asistencia necesaria.
El juez Eudoro Albo decidió que una vez que Morales sea dado de alta del sanatorio donde está internado, fuera trasladado al penal de Villa Urquiza, ya que allí estará más cerca de los centros asistenciales.
