El «Loteo Gaucho Castro» ya no existe, quedó en el pasado como una historia de estafa en El Mollar.
El Gobierno finalmente pudo recuperar las tierras públicas y los compradores están fastidiados porque perdieron su dinero, compraron tierras públicas a un particular que los engañó, ahora deberán accionar judicialmente contra él para recuperar el dinero.
Para ejecutar la orden judicial de restituir el predio al Estado se enviaron mas de 100 policías que fueron supervisados por el jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, y el fiscal Miguel Varela.
Se sacaron los alambres con el que los compradores habían delimitado los terrenos, en cuanto a las viviendas construidas se les pidió que retiren las pertenencias que tenían y todavía no se resolvió que ocurrirá luego.
Este caso llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a eliminar la Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat, luego de que se detectara que cuatro de los siete sospechosos tenían vínculos con esa dependencia. En su reemplazo, se creó una Unidad Ejecutora para recibir denuncias y analizarlas
Todo el operativo se realizó en medio de una situación de tensión social, con algunas manifestaciones de nerviosismo por parte de los compradores, incluso una vecina llevó a cabo un incidente donde quiso autoinfligirse daños pero el personal policial rápidamente abortó el intento.
Todavía hay algunos predios que están en disputas entre asociaciones y organizaciones de la zona pero con lo realizado ayer el Gobierno siente que logró el objetivo principal que era la recuperación del predio público.
La fiscal de estado Gilda Pedicone subrayó que este caso es solo el comienzo de un plan de regularización dominial en toda la provincia. “Se investigarán todas las denuncias recibidas, y la decisión política es avanzar en la recuperación de tierras”, sostuvo.
El fiscal Miguel Varela continúa profundizando la investigación sobre la venta fraudulenta de los terrenos. Según su hipótesis, una organización usurpó tierras en la reserva, accedió a información privilegiada y falsificó documentos para otorgarles apariencia de legalidad antes de venderlas.
Entre los investigados están Juan Pablo Castro (promotor del loteo), Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex y actuales empleados de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat), Jessica Mamaní (pariente de uno de los funcionarios), Damián Romano (familiar de Castro) y el comisionado rural Jorge Cruz, suspendido en su cargo.
Todavía no hay una definición sobre el destino que se les dará a las tierras recuperadas. La Dirección de Flora y Fauna tendrá las custodia contando con el apoyo de la Policía.
