La Justicia ordenó la restitución de tierras fiscales usurpadas en la zona de El Cadillal, a partir de investigaciones impulsadas por la Fiscalía de Estado de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Carlos Saltor.
El acusado es un ex policía federal que, según la acusación, ingresó de manera violenta a un predio provincial y comenzó a construir ilegalmente. El terreno en cuestión se encuentra ubicado en el kilómetro 2,7 de la ruta 324.
“La ocupación se concretó hace menos de tres años. Imágenes satelitales demuestran que en enero de 2022 el predio estaba vacío y que en junio de 2024 ya se observaban las estructuras instaladas”, detalló Saltor. La investigación contó con la colaboración de la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomas y los peritos técnicos de la fuerza.
Durante la audiencia, el acusado sostuvo que no tenía interés en el padrón en cuestión, pero exigió que se “respetara lo que está ocupado”. El juez desestimó su pedido y ordenó la restitución inmediata del terreno a la Provincia, otorgándole cinco días hábiles para retirarse voluntariamente. En caso de incumplimiento, se procederá al desalojo forzoso con intervención de la fuerza pública.
El Ministerio Público Fiscal imputó al ex policía por el delito de usurpación por despojo mediante violencia. Si bien continuará el proceso judicial en libertad, deberá respetar medidas de conducta impuestas por el tribunal para evitar su detención.
Este fallo se suma al dictado días atrás en un caso similar, cuando un hombre de 65 años fue acusado de apropiarse de otro predio provincial en la misma zona. En ese caso, el acusado había solicitado permiso a un vecino para que pastaran sus animales, pero en diciembre de 2022 se instaló definitivamente en el terreno y levantó estructuras. La auxiliar fiscal Briz Tomas también intervino en ese expediente, que culminó con una orden judicial de desalojo.
Estas decisiones judiciales forman parte del plan de recuperación de tierras fiscales encarado por la Fiscalía de Estado, que viene actuando en coordinación con la Unidad Ejecutora del Gobierno de Tucumán. En semanas recientes, se concretó el desalojo del loteo ilegal “Los Guayacanes” y se bloqueó un camino que habría sido abierto para un desarrollo inmobiliario clandestino.
Las autoridades provinciales confirmaron que se están verificando otras ocupaciones en la zona, particularmente en predios cercanos al río y áreas protegidas, que podrían estar asentadas también sobre terrenos estatales. De confirmarse nuevas irregularidades, seguirán el mismo camino judicial.
El caso de El Cadillal siempre fue objeto de emprendimientos inmobiliarios ilegales.
