La disputa entre la Universidad de Harvard y el presidente estadounidense Donald Trump escaló a niveles sin precedentes. El mandatario calificó al prestigioso centro educativo como «una institución antisemita y de extrema izquierda», mientras su administración intensifica una campaña de presión que ya provocó el congelamiento de más de dos mil millones de dólares en fondos federales.
Trump eligió su red social, Truth Social, para atacar directamente a Harvard: «El lugar es un desastre liberal, permite que ciertos lunáticos entren y salgan del aula escupiendo odio y falsa ira. Es realmente horrífico». En el mismo mensaje, aseguró que la universidad representa «una amenaza para la democracia» y cargó contra su equipo legal: «Tiene un abogado que también me representa a mí, por lo tanto debería ser forzado a renunciar inmediatamente o ser despedido».
La publicación tuvo consecuencias inmediatas. The Trump Organization despidió al abogado Bill Burck, recientemente contratado por Harvard. «Lo considero un conflicto y tomaré otro rumbo», declaró Eric Trump, hijo del mandatario, al NewsNation.
El conflicto se enmarca en una ofensiva más amplia del gobierno contra instituciones académicas de élite, a las que acusa de tolerar manifestaciones antisemitas durante las protestas contra la guerra en Gaza en 2023. Según la administración Trump, esas manifestaciones —que recorrieron campus universitarios de todo el país— estuvieron «plagadas de antisemitismo» y algunas habrían mostrado apoyo al grupo Hamas, señalado por el ataque del 7 de octubre a Israel.
Harvard ya había tomado medidas disciplinarias antes de la intervención federal: según organizadores de las protestas, la universidad puso en probation a 23 estudiantes y negó títulos a 12 por su participación.
La Casa Blanca endureció su postura en las últimas semanas. Amenazó con retirar visas y deportar a estudiantes extranjeros involucrados en las protestas y emitió un decreto ejecutivo que redefine los criterios para acceder a subsidios y préstamos estudiantiles federales. La orden apunta a eliminar programas de diversidad e inclusión, los cuales, según Trump, constituyen «discriminación ilegal». «Los estudiantes y contribuyentes merecen algo mejor», afirmó el presidente.
Además, el gobierno evalúa revocar el estatus de exención fiscal de Harvard, lo que afectaría su financiamiento a largo plazo.
La universidad respondió con una demanda federal tras rechazar un paquete de condiciones que incluía cambios en sus políticas de admisión y contratación. El rector Alan Garber declaró a NBC News: «No vamos a ceder en ciertos temas. Estamos defendiendo lo que considero uno de los pilares más importantes de la economía y el modo de vida estadounidense: nuestras universidades».
La reacción oficial generó rechazo incluso dentro del Congreso. Un grupo de senadores demócratas de origen judío, liderados por Chuck Schumer, denunció que «la explotación de preocupaciones reales sobre el antisemitismo para socavar derechos democráticos es inaceptable».
Mientras la Casa Blanca busca ejercer un control inédito sobre la autonomía universitaria, Harvard, la institución más antigua y acaudalada de EEUU, se prepara para una batalla legal.
