La gestión de la intendenta Rossana Chahla prometió luchar contra la corrupción y la falta de transparencia. Desde que se instaló en el edificio de 9 de Julio y Lavalle escudriñó las cuentas de su antecesor Germán Alfaro.
El municipio capitalino descubrió que fondos remitidos por el ex gobernador Juan Manzur por un monto de $ 500 millones no están debidamente registrados. Esto significa que no ingresaron a las arcas municipales como debió haber ocurrido por tratarse de fondos públicos.
Por eso se realizó una denuncia en la Justicia penal que amenaza con convertirse en un verdadero escándalo y que tiene como actor central al ex intendente Alfaro.
Esta historia comenzó hace nueve meses, cuando el fiscal municipal Conrado Mosqueira, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú, radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.
Todo se descubrió cuando el ministro de Economía Daniel Abad, notificó a la Municipalidad sobre un pasivo de $ 500 millones en concepto de asistencias financieras reintegrables otorgadas durante 2020 por medio de dos decretos firmados por el entonces gobernador Juan Manzur. Al revisar la documentación, los equipos técnicos del municipio constataron que sólo $ 250 millones estaban asentados en los libros contables.
A partir de ese momento cuando se solicitó información al Banco Macro, se descubrió que los $ 250 millones faltantes se habían girado a una cuenta bancaria abierta a nombre de la Municipalidad pero no registrada oficialmente, sin respaldo contable ni administrativo. Según la denuncia, esa misma cuenta recibió además otros $ 250 millones en concepto de fondos no reintegrables, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, lo que eleva el total de fondos bajo sospecha a $ 500 millones. Ese dinero que hoy reclama la provincia no ingresaron a la municipalidad. Faltan.
Banco Macro informó que la cuenta en cuestión se abrió el 3 de junio de 2020 luego fue cerrada el 11 de noviembre de 2024, sin que se haya registrado ninguno de los movimientos financieros en el sistema contable municipal. Entre los firmantes autorizados figuraban los entonces secretarios de Gobierno y de Hacienda, Luis Rodolfo Ocaranza y Carlos Domingo Gómez.
La Fiscalía y los organismos de control siguen recopilando documentación para esclarecer el destino que tuvieron esos fondos públicos. Alfaro optó por negar que eso ocurra y se escondió detrás del argumento que se trata de una «maniobra de desprestigio» en plena campaña electoral. Pero no salió a explicar, con los detalles necesarios, que la denuncia en su contra no tiene elementos de prueba si es que así lo considera. Tiene por delante un arduo camino por recorrer en una soledad política dramática.
