Los pasillos del Congreso huelen a tensión e incertidumbre. El Gobierno ya tiene un fuerte dolor de cabeza luego de que el Senado derribara el proyecto de Ficha Limpia, pero se le vienen semanas legislativas aún peores. Y es que en Diputados, las oposiciones más críticas están armando consensos para en esta o la próxima semana se trate una serie de iniciativas que lo incomodan: $LIBRA, discapacidad, universidades y jubilaciones.
Todos estos proyectos, impulsados principalmente por los bloques de Unión por la Patria y Democracia para Siempre, no le hacen ni gracia al plan «motosierra» de Javier Milei. Entre medio, la Casa Rosada trata de apagar el fuego que avivó el PRO tras la caída de ficha limpia, en donde se acusa al oficialismo de haber pactado con los dos senadores de Misiones (a través del exgobernador Carlos Rovira) para que esta no se apruebe y, así, perjudicar a Silvia Lospennato.
El Cuerpo buscará aprobar el proyecto de ley de Discapacidad en Emergencia, avanzar en una actualización del presupuesto universitario y crear otro régimen previsional que reemplace la moratoria ya caduca. Asimismo, a la primera oportunidad que consiga, la idea también es conformar a la autoridad de la Comisión investigadora del caso $LIBRA e interpelar a los titulares de Justicia y Economía, Mariano Cúneo Libarona y Luis «Toto» Caputo, respectivamente.
La escandalosa promoción de la criptomoneda $LIBRA tiene en vilo al Gobierno desde hace más de dos meses, y el Congreso ya comenzó a investigar por su cuenta. Se interpeló al jefe de Gabinete Guillermo Francos y se reunieron los 28 miembros de la Comisión Investigadora, pero sin éxito de llegar a un consenso.
Aún resta definir quién será el presidente de la misma, luego de que en la última jornada reinara un fuerte empate de 14 a 14 entre los dos candidatos propuestos: la peronista Sabrina Selva y el libertario Gabriel Bornoroni. Es por ello que la decisión final se podría llegar a votar en el recinto dentro de las próximas semanas de mayo.
El formoseño de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, anticipó además que una vez en el recinto cuestionará que la Comisión tiene un conformación «trucha» y se podría pedir quitar a algún miembro. Y es que, si bien originalmente iba a ser 24, a raíz de la creación de nuevos bloques por parte de diferentes espacios alcanzó los 28. Gracias a esto, de hecho, se logró llegar a un empate entre Selva y Bornoroni.
Desde el bando más dialoguista con La Libertad Avanza explicaron que, en realidad, es el presidente de la Cámara quien debe llevar la negociación, lo que estaba en tratativas para poder consensuar una salida. Si plantean la idea de reformar en recinto la Comisión o de elegir las autoridades, se necesitaría de una mayoría agravada porque deben reconsiderar una resolución ya tomada. Y no tendrían los votos necesarios para hacerlo, a diferencia de lo que manifestaron desde la Coalición Cívica.
Estas cuestiones no se suelen definir en la Cámara y denuncian que, en consecuencia, se le estaría sacando la potestad Martín Menem, titular del Cuerpo, de encabezar los acuerdos para definir las autoridades de la comisión. También acusaron a la oposición más dura de negarse a cerrar negociaciones entre los bloques que conforman la Comisión.
Por otro lado, la izquierda, el peronismo, el kirchnerismo y parte del radicalismo insistirá en interpelar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la cartera de Economía, Luis «Toto» Caputo. La tarde que Francos llegó al recinto, acudió solo y eso despertó el enojo de los diputados, por lo que esperan recibir a los otros dos funcionarios también.
El Foro Permanente de Discapacidad convocó una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), para este martes a las 10.30. La misma tiene como objetivo, por un lado, exigir que se apruebe el proyecto que declara la emergencia presupuestaria del sector. Por el otro, obtener una respuesta del titular del organismo, Diego Spagnuolo, y del de la cartera, Mario Lugones, sobre el atraso arancelario de sus prestaciones.
Se trata de la iniciativa del diputado kirchnerista Daniel Arroyo y plantea, principalmente, una recompensación de emergencia mensual basada en el Índice de precios al consumidor (IPC) y un estudio de costos anual, que permita ajustar los aranceles de manera realista, garantizando los servicios previstos en la Ley 24901. Es acompañado por el bloque del peronismo, la izquierda, de la Coalición Cívica, los dos de la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal.
El año pasado hubo dos vetos que generaron conmoción social: contra la Ley de presupuesto universitario y la Ley de movilidad jubilatoria. Quienes ayudaron a que esto ocurra fueron catalogados como «héroes» por parte del Gobierno.
Es por esto que los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentaron un proyecto que busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario de todo el país. El objetivo es convocar a paritarias a fin de aumentar los salarios de docentes y no docentes, frenar el desfinanciamiento del sistema científico, continuar obras de infraestructura, seguir otorgando becas y actualizar los gastos de funcionamiento.
La idea es obtener una actualización automática de las partidas del funcionamiento retroactiva al 1 de enero de 2025, según el índice de precios al consumidor (IPC). Para el resto del año, se implementaría un mecanismo de ajustes bimestrales, que combine la inflación, la variación del tipo de cambio oficial para las importaciones y las tarifas de los servicios públicos.
Este 23 de marzo de 2025 venció la moratoria previsional que le permitía acceder a la jubilación a aquellas personas que, aún con la edad suficiente para retirarse, no lograron cumplir con el tiempo mínimo de aportes requerido. La norma establecía una vigencia de 2 años prorrogables por igual período.
Una de las iniciativas fue presentada por los diputados de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freites, que busca extender la moratoria por dos años más. A su vez, hay una propuesta de Gisela Marziotta para prolongarla por diez años, aunque sin esperanzas de conseguir consenso suficiente.
Luego, está la posibilidad de ver el proyecto de Alejandra Torres (Encuentro Federal) y Agustín Domingo (Innovación Federal), quienes pretenden establecer un sistema de jubilación proporcional, donde el haber se calcularía según los años aportados y como base la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM). Miembros de la UCR y el PRO no rechazan tanto esta opción.
El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y el de Presupuesto y Hacienda pretenden reunirse este martes en el Anexo del Congreso y, quizás, brindar dictamen. Además, hablan de que podría llegar al recinto el 21 de mayo.
Entre medio, algunos bloques presentaron iniciativas para limitar el «ataque» del presidente Milei a la prensa. Marcela Coli, diputada nacional del bloque Democracia para Siempre, junto a colegas de la Coalición Cívica y la UCR llamó a «repudiar los nuevos ataques del presidente Javier Milei a periodistas», realizados la semana pasada en un canal de streaming libertario.
Su proyecto condena las expresiones vertidas por el jefe de Estado durante una aparición en un programa conducido por el militante libertario Daniel Parisini, en el que calificó a periodistas como “infradotados”, “mandriles”, “ensobrados” y “lacra inmunda”, «prostitutas de los políticos», e incluso instó a la audiencia a redoblar el rechazo hacia el periodismo con frases como: “Si vos odiás al político, al periodista odialo más”.
A su turno, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó una iniciativa de resolución en la Cámara baja para expresar un “enérgico repudio” a Milei por lo que consideran una “campaña sistemática de descrédito, intimidación y persecución” contra periodistas y medios de comunicación.
El texto sostiene que el Presidente y su equipo de comunicación usan “la investidura y recursos públicos” para atacar a trabajadores de prensa, con el objetivo de “manipular la legislación vigente sobre calumnias e injurias” y escalar en “incitaciones al descrédito y al odio”.
