La Corte Suprema de Justicia terminó el proceso que tenía pendiente José Orellana. Después de dos fallos en el mismo sentido que lo condenaban a tres años de cárcel en suspenso e inhabilitación de por vida finalmente la Corte falló en el mismo sentido. Ya no le quedan más recursos en la Justica. Solo puede apelar a un relato que se cae por la contundente actuación de los jueces. No hubo quién lo considerara inocente en los tribunales.
Antes que se implementen la consecuencias inmediatas que tiene un fallo judicial renunció a su banca para dejar la sensación que fue él quien tomó la decisión. Si se demoraba dos días el mismo cuerpo lo hubiese expulsado con una copia del fallo en sus manos.
Fue todo un mamarracho. La Legislatura banalizó los dos fallos en el mismo sentido que pesaban sobre José Orellana y no lo obligó a pedir licencia o en su caso a destituirlo. Dejaron pasar los meses como si nada pasara. Demostró poca «honorabilidad» el cuerpo legislativo.
Mientras Orellana seguía siendo legislador con dos fallos condenatorios cualquier ciudadano que quisiera manejar un transporte público, con ese mismo antecedente, no podría acceder al mismo. Ironías perversas de la política comarcana.
Los ciudadanos que lo votaron con ese antecedente y lo hicieron acreedor de una banca en la Legislatura también deberían repensar sus valores y qué esperan de la Democracia. El doble discurso de un sector de la sociedad es preocupante.
Ese dilema no va a volver a ocurrir, Orellana está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Ahora terminará en el simulado ostracismo de un cargo en algún bloque legislativo. Nadie queda sin sueldo en la política.
Ahora asumirá en su lugar la tercera en la lista: Patricia Lizárraga, ex intendenta de Famaillá y ex cuñada de Orellana. Todo queda en familia.
