La sucesión de medidas restrictivas de derechos laborales que el Gobierno detonó este miércoles, dentro de una saga que comenzó en diciembre de 2023 con sucesivos decretos, la Ley Bases y otras iniciativa, desató críticas tanto del movimiento obrero como de funcionarios provinciales y referentes de la oposición.
Entre ellos, integrantes del gabinete de Axel Kicillof, organizaciones gremiales del transporte y del sector educativo manifestaron su repudio a las nuevas medidas impulsadas por la Casa Rosada.
El ministro de Trabajo bonaerense y dirigente sindical de Curtidores, Walter Correa, centró su críticas, realzando por un lado, en la resistencia de la UOM frente a la quita de aranceles a productos electrónicos importados, medida que motivó una nueva jornada de lucha este miércoles en Tierra del Fuego. “Mi profundo respeto y solidaridad para todos y todas los compañeros metalúrgicos que ejercen su legítimo derecho al reclamo ante estas medidas que atentan contra la industria nacional”, expresó Correa.
El funcionario también se refirió al DNU 340/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el artículo 24 de la Ley N.º 25.877 sobre el ordenamiento del régimen laboral.
En ese marco, sostuvo: “Milei coloca a la Argentina en la antesala de la entrega total de la soberanía y avanza a diario promoviendo políticas de colonialismo antipatria. Desde la Provincia de Buenos Aires, el peronismo y el movimiento obrero conformamos una defensa soberana ante el entreguismo cipayo, hoy y siempre”. El titular de la cartera laboral bonaerense dejó sus reflexiones en diálogo con el programa “El Social Argentino”, que se emite por Radio Gráfica.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ( CATT) repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en el sector de la Marina Mercante y el ámbito aeronáutico, así como el desguace de Vialidad Nacional, por considerar que “atentan, una vez más, contra el derecho a huelga”, según expresaron desde la entidad.
Remarcaron que esta iniciativa, “bajo el disfraz de la eficiencia y la competitividad, promueve la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional, destruye la industria nacional y amenaza gravemente el trabajo argentino”, enfatizó el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid.
La CATT anunció que el martes 27, a las 10, realizará un plenario de secretarios generales, consejo directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT. “Vamos a debatir y decidir las acciones que se llevarán a cabo”. La confederación está integrada por más de 30 sindicatos del transporte automotor de pasajeros y de carga, subterráneos, ferroviarios, aeronáuticos, astilleros, portuarios y del transporte fluvial y marítimo del país.
Los transportistas rechazaron las políticas de desregulación de la Marina Mercante, oficializadas bajo el título “Bases para la desregulación del sector del transporte fluvio-marítimo y portuario”. “Demuelen el entramado normativo y operativo construido durante décadas, a través del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que sostienen con profesionalismo y compromiso un sector estratégico para desarrollar el país”, advirtió Schmid.
En la misma línea, cuestionaron las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional impulsadas por la Secretaría de Transporte. “Estas decisiones afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino”, agregó a los dichos de Schmid, Juan Pablo Brey, referente de la Asociación de Aeronavegantes (AAA).
La conducción de la CATT también expresó su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, “quienes atraviesan una crítica situación como consecuencia del desmantelamiento del organismo, el cierre de distritos, el congelamiento de obras públicas y el avance de la precarización laboral”. Subrayaron que se atacan no solo las fuentes de trabajo, “también la conectividad territorial y el desarrollo productivo del país”.
Advirtieron sobre la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan los trabajadores del transporte: “En nuestro sector, catalogado como ‘esencial’, la restricción constituye una prohibición de hecho, aplicada de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado”. Añadieron que se trata de una “grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, y en el Convenio 87 de la OIT”.
La CATT reclamó al Gobierno por “este rumbo de ajuste y entrega, que no solo vulnera derechos laborales, sino que también erosiona la capacidad soberana del Estado para planificar y ejecutar políticas públicas en materia de transporte. El transporte es desarrollo, soberanía y trabajo argentino. No permitiremos que intereses ajenos a nuestra patria y al bienestar del pueblo destruyan lo que con tanto esfuerzo hemos construido”, concluyeron.
La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) también expresó su rechazo al DNU 340/2025. En particular, señalaron que el artículo 3 del “decretazo libertario” establece que, en caso de medidas de fuerza en servicios considerados “esenciales” —como los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial— deberá garantizarse un 75 % de prestación del servicio.
“Esta disposición constituye un grave atropello al derecho constitucional de huelga de las y los trabajadores”, alertó la organización.
“Desde UDOCBA denunciamos que este intento de limitar por decreto el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional busca debilitar la capacidad de reclamo de los gremios y disciplinar a la docencia”, declaró la secretaria adjunta Adriana Monje a este diario. “La huelga no es solo una herramienta legítima de protesta, sino una conquista histórica del movimiento obrero”, añadió.
“Advertimos que no permitiremos este retroceso en los derechos laborales. Desde las aulas, en la calle y en la justicia, la docencia organizada continuará defendiendo con firmeza el derecho a huelga y la dignidad del trabajo docente”.
