La presentación del «Plan Colchón» se llevó ayer todas las miradas y el Gobierno nacional espera encontrar en él una nueva inyección de divisas para la economía argentina, aunque esa nueva política haya despertado polémica sobre cuán efectiva será -a partir de ahora- la lucha contra el lavado de activos
Los riesgos de que Argentina se convierta en una subespecie dentro del universo de los paraísos fiscales fue la primera reacción al anuncio por parte de especialistas en materia de trasparencia, algunos de ellos, extitulares de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que insistieron en contradecir las expresiones optimistas por los funcionarios nacionales.
A la hora de comunicar las novedades, Economía señaló que las personas físicas pueden gastar hasta $50 millones por mes (para cualquier consumo de bienes no registrables) «sin que a ARCA le llegue ningún tipo de información», mientras que, para cualquier compra de bienes registrables superior a ese monto, «como un auto o un inmueble» hay que adherir al «Régimen Simplificado de Ganancias, para que ARCA no mire tu incremento patrimonial ni tu consumo».
Para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, el objetivo enunciado es que puedan entrar al circuito legal aquellos que «para resguardar sus ahorros tuvieron que comprar dólares por fuera de los 200 dólares autorizados», según lo expresó la propia directora del Banco Central, Silvina Rivarola.
Sin embargo, y más allá de las objeciones morales que hacen algunos actores políticos por un blanqueo que no paga penalidad alguna por la elusión anterior, las miradas están puestas sobre la posibilidad de que esos mecanismos sirvan para legalizar dinero proveniente del delito y que la Justicia tenga menos herramientas para detectar ese tipo de movimientos.
Un exfuncionario que ocupó un alto cargo en materia de combate contra la corrupción señaló que, desde su perspectiva, el Gobierno está «levantando todos los controles preventivos y de reportes» y que esos mecanismos «no son un capricho, sino las exigencias que firmó Argentina en los Protocolos de Palermo, la convención Americana contra la corrupción«.
«La adecuación legal que llevó años para compatibilizar con los protocolos delGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo Egmont», indicó a este medio.
Respecto de ese punto, la Casa Rosada afirma que, en realidad, lo que se está haciendo es compatible con los estándares pedidos por el GAFI: «Ellos nos remarcaron el porcentaje alto de informalidad que tenemos y la necesidad de recalibrar hacia las amenazas más graves que tiene la Argentina», señaló Rivarola durante la presentación de ayer.
El «enfoque basado en riesgo» que el Gobierno afirma que aplicará apunta a trabajar sobre sospechosos reales de lavado de activos y «dejar de controlar a los 45 millones de argentinos como si todos estuvieran involucrados en acciones de narcotráfico y otro tipo de amenazas».
María Eugenia Talerico, extitular de la UIF durante el macrismo, dijo ayer que los anuncios «desde el punto de vista del lavado» no le generaron «preocupación». Sin embargo, señaló que «el régimen de ganancias que anuncian, que no van a mirar el consumido o el incremento requiere ley» y que el límite de los $50 millones le parece «grande».
«Van a ser personas que van a entrar al sistema y eso va a hacer que se los conozca», añadió en diálogo con una radio porteña.
En ese mismo sentido, el Gobierno apuesta a que los fondos provenientes de acciones delictivas no se van a bancarizar dado que quedarían «expuestos».
Al respecto, el abogado y docente Pablo Serdán señaló que «las medidas anunciadas complican seriamente la capacidad del sistema judicial para investigar lavado de dinero» ya que, al eliminar regímenes informativos clave y elevar los umbrales de reporte, «se reduce la trazabilidad de las operaciones».
«Eso debilita las herramientas que los fiscales y jueces utilizan para detectar inconsistencias patrimoniales, reconstruir circuitos financieros y vincular activos con delitos precedentes. La Justicia queda sin alertas tempranas, sin datos cruzados, y muchas veces sin fundamentos sólidos para activar pedidos de cooperación internacional», estimó.
Y agregó: «En la práctica, se vuelve más difícil probar que un bien fue adquirido con dinero ilícito, porque el propio sistema legal desactiva los controles previos que permitían generar sospechas fundadas»
Los especialistas en lavado afirman que las organizaciones criminales cuentan con diversos eslabones y que, al permitir el blanqueo, Argentina suma uno que es muy deseado y ponen el ejemplo del narcotráfico: se deja de ser sólo un país de consumo y tráfico, para tener un acceso al último paso que es el de blanquear fácilmente el dinero conseguido.
«Se torna un país atractivo para toda la cadena, que incluirá -más temprano que tarde- a la producción», afirmó un destacado referente del tema.
El extitular de la UIF durante el kirchnerismo, José Sbatella, se mostró mucho más enfático en su rechazo. Calificó el accionar del Gobierno como «terrorista» y lo acusó de «destruir el poder de policía del Estado decidiendo la eliminación o reducción de las capacidades de los organismos de control buscando su desaparición».
«La apertura indiscriminada del ingreso de capitales extranjeros sin importar su origen que podría ser producto del narcotráfico, de la trata de personas o del terrorismo y el tráfico de armas. En síntesis, demoliendo las instituciones, destruyendo la seguridad de los habitantes y con su esquema económico provocando un deterioro irreversible en el bienestar del pueblo. Vino a destruir el Estado. Está atacando el corazón del funcionamiento institucional como regulador de las relaciones de una población«, señaló.
Sin embargo, estos especialistas dudan que el GAFI pueda someter al país a algún apercibimiento, como ingresarlo en la conocida «lista gris», en especial por el poder que tienen los Estados Unidos en ese grupo que integran los países del G-7.
«Estas medidas son el antídoto para combatir el lavado de activos y otras amenazas», retrucó ayer la directora del Banco Central. Muchos especialistas consultados, mientras tanto, creen lo contrario.
