La Corte Suprema dejó firme la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad. Tras el fallo, la expresidenta solicitó cumplir la pena bajo arresto domiciliario en el departamento que comparte con su hija Florencia, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
El pedido fue presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal N° 2. En un escrito de 13 páginas, argumentaron que, por su edad, su condición de expresidenta y el atentado que sufrió en 2022, el cumplimiento de una pena privativa de libertad debe darse en su domicilio y sin tobillera electrónica, con la custodia que ya la acompaña desde hace años.
La defensa pidió al tribunal que se evite el traslado a una alcaidía y se disponga directamente el arresto en su vivienda de la calle San José 1111. Señalaron que enviarla a una cárcel común implicaría un régimen de aislamiento y vigilancia permanente, lo que —según sostienen— vulneraría estándares constitucionales y de derechos humanos.
Mientras tanto, el juez Jorge Gorini dio cinco días hábiles para que todos los condenados por la causa se presenten voluntariamente en Comodoro Py y ordenó al Ministerio de Seguridad que proponga lugares para alojarlos hasta que se resuelvan los pedidos de las partes.
Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner. Consideran que el plazo otorgado es excesivo, dado que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
La prisión domiciliaria es un beneficio amparado por la Ley dirigido a las personas privadas de su libertad que tienen más de 70 años o que presenten otro motivo de salud que lo justifique.
Según la Ley, el Juez en ejecución puede dictar una prisión domiciliaria:
- «Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
- Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
- Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
- Al interno mayor de setenta (70) años;
- A la mujer embarazada;
- A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo».
Cristina Kirchner tiene 72 años, por lo que el pedido de prisión domiciliaria puede justificarse por su edad y le correspondería la modalidad.
En Argentina, la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660) establece el uso de tobillera electrónica como una forma de control para personas que cumplen arresto domiciliario, pero hay excepciones. Tras el pedido de domiciliaria, la normativa establece que “se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual solo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución”.
La defensa de la expresidenta quiere evitar el uso de tobillera electrónica. Lo consideran innecesario debido a la custodia permanente y está prevista en la Ley de Ejecución Penal.
