La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), uno de los principales activos industriales del país en materia aeronáutica, atraviesa una etapa crítica marcada por reestructuraciones profundas, conflictos laborales y un horizonte financiero incierto. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la empresa comenzó un proceso de ajuste que, según la dirección, busca dotarla de mayor sostenibilidad y competitividad, mientras que desde sectores gremiales en asamblea dentro de la planta se denuncia un vaciamiento progresivo que compromete sus capacidades estratégicas.
En la previa a una cita ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, donde las autoridades buscan que se les habilite el proceso preventivo de crisis, hubo un acuerdo con los gremios para mitigar el impacto sobre las fuentes de trabajo. Se trata de una herramienta disponible en la legislación laboral a la que ya apeló la firma en el pasado -en 2016, 2018, 2020 y 2024 – y que habilita una serie de procedimientos con el objetivo de evitar un quiebre.
La semana pasada se habían presentado para dar curso a su demanda pero las autoridades laborales en la provincia donde tienen su sede condicionaron la decisión a que FAdeA presente esta semana la documentación que muestre que su funcionamiento corre riesgos y no queda otro camino. Ayer, se acordó que los trabajadores que sean suspendidos reciban el pago del 80% de su salario. Y que estas pausas solo se concentren en los sectores sin carga laboral vigente.
El punto de partida para la nueva administración, en enero de 2024, fue un diagnóstico severo: una estructura sobredimensionada, contratos con el Estado Nacional incumplidos, proveedores internacionales paralizados por restricciones de pago, y una dependencia extrema de fondos públicos (el 90% de la facturación venía del Estado).
En ese marco, se inició un proceso de reestructuración que incluyó una reducción de personal del orden del 23% sumando jubilaciones anticipadas, despidos, retiros voluntarios y renuncias. En este 2025 la dotación de personal se encuentra en las 700 personas. El 48% corresponde a mano de obra indirecta y un 52% a personal directo.
Este ajuste en recursos humanos fue presentado por la empresa como una medida necesaria para adecuar la planta al volumen real de trabajo, pero desde los gremios se plantea una lectura muy distinta: denuncian que la reducción significó la pérdida de personal técnico altamente calificado, muchos de ellos con certificaciones críticas, que emigraron al sector privado o al exterior. Tal como sucede en otras empresas públicas y organismos técnicos del Estado.
Además, acusan que la reestructuración se acompañó de un nuevo convenio colectivo -firmado por el gremio de empresa (STA) y el directorio saliente- que significó una precarización laboral, con fragmentación de categorías, penalizaciones por ausencias justificadas y evaluaciones unilaterales.
De hecho, los otros dos gremios que representan a la plata de trabajadores, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), recién fueron incorporados a la mesa donde se discutirá el proceso preventivo la semana pasada, luego de elevar su reclamo al ministerio.
En el plano financiero, ambas partes coinciden en la gravedad de la situación, aunque difieren en las causas y las salidas. La empresa reconoce una fuerte caída de la liquidez por la ausencia de nuevos contratos con el Estado, situación que busca revertirse mediante la regularización de convenios con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, un proceso de capitalización en curso.
Desde el gremio aeronáutico de APA enfatizan que esa capitalización significó la cesión de parte del patrimonio de la empresa (como aviones Grob) y que la deuda general asciende a $16 mil millones, comprometiendo la cadena de pagos tanto a proveedores nacionales como internacionales.
Además, denuncian que los salarios de la mayoría de los trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Señalan que la empresa se estratificó en «unidades de negocio» pero solo se dio foco a los «contratos» vigentes y a las áreas «rentables». Y en este sentido, resaltan, no se logró disponer del cierre de los contratos con el estado, reconduciendo presupuestos sin actualización inflacionaria desde 2023 a la fecha, frente al costo diferencial de insumos en dólares.
En contra partida, la conducción actual de FAdeA destaca la firma de nuevos acuerdos con Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART y Akaer, además de la continuidad del proyecto IA-100, con potencial exportador. La incógnita es cuánto podrá incidir en la ejecución de esos contratos la falta de insumos. En APTA y APA subrayan que las partidas presupuestarias disponibles sólo alcanzan para cubrir el pago de salarios, dejando en pausa inversiones clave para sostener la producción.
La tensión interna alcanzó su punto máximo a principios de mayo, cuando una serie de protestas dentro de la planta motivaron la suspensión de actividades por 72 horas, dispuesta por la empresa en función de las recomendaciones de seguridad operacional del sector aeronáutico. Mientras la dirección denuncia actos de hostilidad que pusieron en riesgo activos críticos, los gremios acusan persecución, sanciones arbitrarias y la imposibilidad de ejercer libremente la representación sindical.
Frente a este escenario, FAdeA busca iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, donde se presentó la semana pasada por primera vez. Alega que la herramienta es necesaria para evitar despidos masivos mientras se ordena la operatoria y se abre un canal de diálogo entre gremios y autoridades. La medida fue presentada por la empresa como una apuesta a la institucionalidad y la negociación, aunque los representantes de las y los trabajadores temen un paso más hacia la flexibilización laboral y el achique de la planta.
Al tiempo que se negocian los términos del nuevo esquema contractual con la Fuerza Aérea y se intenta garantizar la capitalización que habilite nuevas líneas de crédito, no queda aún claro cuál es el modelo de FAdeA que se proyecta para el futuro. La dirección habla de una empresa eficiente, autónoma y con proyección regional, pero los trabajadores previenen sobre un deterioro profundo de su rol estratégico y la posibilidad latente de una privatización parcial o total.
Fuentes del gobierno de Córdoba, sin jurisdicción sobre la empresa, aseguraron a El Cronista que no hay interés hoy por parte de la administración de Martín Llaryora de asumir el compromiso que corresponde al Estado nacional. «Tuvimos esa idea pero no avanzó. Hoy no está en la agenda», comentaron a este medio.
Hoy la empresa, convertida en Sociedad Anónima, tiene una composición mixta, con una parte que corresponde al sector público nacional y otra al privado. Pero la cabeza es designada por el Gobierno nacional y se enmarca en la órbita del Ministerio de Defensa de Nación, hoy a cargo de Luis Petri.
Como narra en su web oficial, la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba fue la primera de América Latina, fundada un 10 de octubre de 1927 como «un formidable polo de desarrollo industrial que llegó a producir, entre otros, el primer avión militar a reacción diseñado y fabricado en Sudamérica: el I Ae 27 Pulqui I«. A eso le sucedieron otros hitos, como el caza I Ae 33 Pulqui II y el IA-58 Pucará.
Entre 1995 y 2009 la empresa fue concesionada a la firma Lockheed Martin, volcándose al mantenimiento bajo licencias extranjeras y relegando los diseños propios. En 2009, el gobierno de Cristina Kirchner adquirió las acciones de la empresa estadounidense y la fábrica pasó a denominarse Fábrica Argentina de Aviones «Brig. San Martín» S.A. (FAdeA).
En definitiva, FAdeA se encuentra hoy en el corazón de una disputa no solo por su presente operativo, sino por el lugar que ocupará en el mapa productivo del país. Lo que está en juego no es solamente su equilibrio financiero, sino la definición misma de su función como empresa estatal, sea que se preserve como una fábrica con capacidad industrial y tecnológica para el desarrollo nacional o se reperfile como un prestador de servicios aeronáuticos adaptado a las necesidades del mercado privado.
