Desde hace algunos días corre el rumor en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa Vialidad que podría o no convalidar la condena a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En caso de que el Máximo Tribunal confirme la sentencia, comenzó a especularse que podría ocurrir con la titular del PJ en caso de que deba cumplir la pena de forma domiciliaria.
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró culpable a la entonces vicepresidenta por fraude contra la administración pública mediante el direccionamiento de obras públicas de Santa Cruz, junto a otros doce acusados, entre los que se encontraban el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación, Julio de Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
De Vido, Abel Fatala -segundo de López en esa secretaría-, el extitular de Vialidad en Santa Cruz, Héctor Garro, y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, fueron absueltos por la Cámara Federal de Casación Penal dos años después, que además confirmó las condenas de los otros acusados, pendientes a la definición del Máximo Tribunal.
De esta manera, los ministros cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ya se encuentran en condiciones de revisar el fallo del TOCF 2 tras haber rechazado la recusación que la dirigente peronista presentó contra el último de ellos. En caso de convalidarla, regresará al tribunal que preside Gorini, que debe hacer efectiva el cumplimiento de la prisión y tendría que pedirle a todos los acusados que se presenten en Comodoro Py para notificarse de su nueva situación.
A partir de allí se abre un plazo para que presenten, entre otras cosas, pedidos de arresto domiciliario y luego otro referido a los estudios socio ambientales que llevan adelante las autoridades para aprobar el domicilio que se presenta como lugar de detención. Este sería el caso de la expresidenta, quien cumplió 72 años el pasado 19 de febrero y cumple con el requisito de la edad (mayor de 70) que prevé la Ley 26.472 de la ejecución de pena privativa de la libertad.
Por ejemplo, Fabián Rossi, apoderado de la financiera SGI -conocida como «la Rosadita»- fue condenado a 4 años y seis meses de prisión en la causa llamada «Ruta del Dinero K», y nunca estuvo preso hasta que la Corte dejó firme las condenas. Rossi fue traslado a la cárcel de Marcos Paz junto a otros cuatro sentenciados hasta que se resuelva si se le concede arresto domiciliario a alguno de ellos -por enfermedad o por cuestiones de edad-.
En el supuesto de que se convalide lo decidido por el TOCF 2, se especula con que la presidenta del Justicialismo pueda ser llevada a las instalaciones de la Alcaidía de la calle Cavia y Figueroa Alcorta u otros sitios en preparación para una eventual detención.
Mientras el peronismo evalúa distintas alternativas para rechazar el posible fallo de la Corte, entre ellas una declaración conjunta y una masiva movilización, Cristina Kirchner convocó a un acto partidario para este lunes en la sede del justicialismo de la calle Matheu 130, para homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en el Día de la Resistencia Peronista.
En ese contexto, el periodista de Clarín Santiago Fioritti señaló que la expresidenta podría pedir eventualmente cumplir la pena en su departamento del barrio porteño de San Cristóbal, a pocas cuadras de la estación de Constitución, al que se mudó tras el intento de magnicidio en su contra, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022.
Sin embargo, también se estarían barajando otras posibilidades, como una búsqueda de casas en alguna zona del Conurbano Bonaerense, o que regrese al Sur, en Santa Cruz, acorde al comunicador.
Por otro lado, la Legislatura bonaerense aprobó hace unas semanas la modificación de los plazos electorales en la provincia. Así, se dispuso que la presentación de listas de candidatos será el sábado 19 de julio, cincuenta días antes de la elección del 7 de septiembre, en la cual la expresidenta había anunciado su intención de presentarse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral en la que actualmente está habilitada para participar.
