La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó este viernes a una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12. El objetivo será revisar las condiciones impuestas al régimen de visitas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. La decisión fue tomada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes del ámbito judicial.
La convocatoria se produjo luego de que la defensa de la exmandataria advirtiera que las restricciones vigentes afectarían sus «derechos políticos y partidarios», al supeditar su vínculo con otros dirigentes a la previa autorización del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, encargado de controlar el cumplimiento de su condena.
En paralelo, diputados y senadores de Unión por la Patria (UxP) solicitaron a ese mismo tribunal que se les permita visitar a Fernández de Kirchner sin necesidad de autorización judicial. En el escrito, pidieron que «se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política», y exigieron libertad de acceso «en cada oportunidad sea necesaria».
El TOF 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, había dispuesto que sólo pudieran ingresar a su domicilio sin requerir autorización previa, los familiares directos, la custodia, sus abogados y los profesionales médicos. El resto debía figurar en una lista especial y solicitar permiso en cada caso.
Ayer, este tribunal rechazó un planteo de la defensa de la exmandataria para eliminar esas restricciones. Poco después, se sumó el reclamo institucional de los bloques legislativos de UxP.
«En circunstancias normales, cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa», señalaron los legisladores en su presentación. Y agregaron: «Tratándose de Cristina Fernández de Kirchner, a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales, se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella».
Fundamentaron su postura en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El documento parlamentario subraya que «como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos».
También citaron los artículos 67 a 69 de la Constitución Nacional, que resguardan el libre ejercicio de la representación legislativa, y recordaron que «las inmunidades no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso«.
«Impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo», advirtieron, y consideraron que ello «alteraría el principio de división de poderes».
Por último, los firmantes señalaron que la situación de Fernández de Kirchner tiene un peso institucional «de gran relevancia» y que limitar el contacto directo con ella «implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina como una líder política indiscutida».
La última palabra, por ahora, la tendrá Casación el próximo 7 de julio.
