La teoría a la que arribaron tanto la Justicia Federal como la provincial es que el municipio de Alberdi se utilizó para lavado de activos provenientes de la venta de drogas.
No era una democracia, era una banda de delincuentes que metidos en el sistema democrático realizan actividades penadas por la ley. O sea, llevaron a cabo la mayor degradación que uno se puede imaginar, el Estado municipal convertido en una estructura criminal. Esto se logra con un sistema de complicidades enorme. También de aquellos que teniendo poder para frenarlo prefirieron no intervenir, a pesar de contar con la información suficiente, total los votos cautivos estaban. La degradación como única propuesta.
Necesariamente los supuestos cabecillas eran el ex intendente Luis Campos, su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, y el ex secretario de Hacienda, José del Carmen Roldán. Se cree que habría tenido alguna participación el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez, el ex secretario de Desarrollo Social Pablo “Maceta” Barrionuevo y el gremialista José “Cucha Mota” Funez.
La Justicia tanto federal como provincial están frente al desafío de descubrir como funcionaba la banda. Se encontrarán con varios obstáculos. Hay cómplices dentro del municipio, están los familiares testaferros que saben y callan y quienes conocen parcialmente algunos detalles pero tienen miedo. Es un rompecabezas complejo pero no es imposible llegar a armarlo. Voluntad.
“Chipi” Giménez tiene un pasado y una historia de relación parecida a de Lázaro Báez. De la nada se transformó en un contratista del Estado municipal para hacer obras públicas. Kirchnerismo básico.
Este empresario emulando al patagónico realizó obras defectuosas y otras que se cobraron pero que no están. Patético. Incluso se pudo saber que Giménez, cuando era un joven era músico y cantante y habría cobrado dinero por poner música en diferentes encuentros organizados por el municipio. Todos los caminos comienzan a unirse.
Silvia Furque junto a Cergio Morfil son los abogados que asisten al empresario sospechado. “Él es inocente de los delitos de intimidación pública e instigación a cometer ilícitos, por los que recibió una prisión preventiva más dura que la que normalmente se le da a un homicida o a un abusador. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir inmediatamente y velar por los derechos y garantías de todos los investigados”, aseguran.
El intendente administraba el municipio como si fuera una empresa familiar. Otra, en realidad por no ser la única. Tenía un desprecio por el dinero de los contribuyentes como ocurre con la mayoría de los administradores. El dinero que no se produce con trabajo es difícil administrarlo con prudencia y decencia. Muy pocos lo logran. Se necesita tener valores y principios morales marcados a fuego.
El ex secretario de Hacienda de Alberdi aclaró con disimulada inocencia: “mi hija tiene un negocio con el que tiene contratos con varios municipios, comunas y empresas privadas. No hay nada irregular”. Usar el Estado o los contactos políticos para hacer negocios con el sector público, trabajando en el, no les resulta incompatibles. Son impúdicos e indecorosos.
“Todos sabemos que esa imprenta era la pantalla de los negocios turbios de Roldán. Ahí se hacían todas las impresiones oficiales, en los tiempos de la pandemia confeccionaban los barbijos que entregan de manera gratuita e imprimían los votos de todas las listas oficiales. Era un negocio redondo”, dijo Juan Carlos Reyes, vecino de la ciudad. “Investiguen por qué el negocio se quedó casi sin maquinarias. Los vecinos cuentan que las cargaron en un camión y se las llevaron a Misiones, donde el ‘Pato’ Campos tendría una finca. Investiguen y se llevarán una sorpresa”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.
De “Maceta” Barrionuevo sostuvo que confirmaron que le alquilaba una camioneta Ford Ranger al municipio para prestar servicio en la Secretaría de Acción y Desarrollo Social, la repartición que él condujo hasta la intervención. “El contrato que firmó era por un año y establecía que mensualmente debía cobrar $150.000 y cada cuatro meses debía ser reactualizado”, indicó Sassi que recalcó que en el allanamiento realizado el miércoles se le secuestró una Amarok V6 que le había comprado a una mujer de Yerba Buena y que aún no había sido transferida. Sus defensores, Tomás y Nicolás Arce, rechazaron la acusación por falta de pruebas. Están los hechos no las pruebas, pareciera ser la filosofía.
Todo se comenzará a descubrir cuando crucen el patrimonio, sus ingresos y sus gastos. Esa es la radiografía que delata a estos delincuentes de la política que gracias a la democracia viven con un estatus que en el sector privado no lo hubiesen conseguido. Solo podrían obtener empleos donde se les pague 800 pesos mensuales como máximo, por sus escasas habilidades y porque el mercado no paga más que eso.
