Con inusual dureza y considerando arbitraria y contraria a la ley la decisión del tribunal oral federal 2 que permitió a Cristina Kirchner cumplir su condena de seis años en arresto domiciliario, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron hoy esa medida y pidieron que la expresidenta quede detenida en un penal.
Luciani y Mola ya habían solicitado que esta excepción no le fuera otorgada a la expresidenta. Sostuvieron que debía cumplir su pena en la cárcel, pero el tribunal falló en favor del pedido de la defensa y accedió a que permanezca, con tobillera electrónica, en su departamento del barrio de Constitución.
Los fiscales dijeron que conceder la prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, de Constitución, “es un desatino mas de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal” y un “privilegio indebido” para la expresidenta.
La decisión ahora la tomará la Cámara Federal de Casación, que tiene además pendiente un recurso de la defensa de la expresidenta por las condiciones de su prisión domiciliaria. Los jueces convocaron a las partes a una audiencia. Los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña lo definirían tras una audiencia convocada el próximo 7 de julio.
Ese día escucharán a los fiscales Luciani y Mola y a la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, que pidió flexibilizar sus condiciones de prisión domiciliaria.
Los fiscales dijeron que la decisión de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uruburu y Andrés Basso, al disponer la prisión domiciliaria, “conjugaría vicios de juicio y de actividad, producto de la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal”.
Los fiscales dijeron que tiene interés en que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”.
Dijeron que si esto cambia, Cristina Kirchner podría permanecer en su casa hasta el vencimiento de la pena de prisión, previsto para el 16 de junio del 2031.
“Esto configura un estado de marcada, extendida y subsistente ilegalidad, con entidad para tornarse irreversible”, señalaron los fiscales.
Los fiscales sostuvieron que las actuales condiciones no lo permiten la función de resocialización. “Hay que lograr que la persona condenada internalice y adquiera la capacidad de comprender la gravedad del daño ocasionado”, argumentaron. Y se preguntaron: “¿Qué expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción pueden esperarse, a la luz de los acontecimientos públicos y notorios (tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas, incluso, por la propia persona condenada)?“.
“¿Puede la pena, ejecutada bajo estas condiciones irregulares, considerarse como un instrumento estatal útil y eficaz para la consecución de los fines sociales que se propone?“, planteron los fiscales. Y mencionaron que si -como dijeron los jueces- no se pude garantizar su seguridad en una cárcel, “¿cuál será entonces la alternativa que debería seguirse en caso de que Cristina Fernández incumpliera las reglas de conducta que los jueces del tribunal le impusieron?“.
Destacaron que el tribunal hizo “caso omiso” de un informe de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires que desaconsejaba que la prisión domiciliaria se cumpliera en San José 1111.
“La prisión domiciliaria concedida en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal”, dijeron los fiscales.
Se quejaron los fiscales de que Cristina Kirchner tuvo “un trato desigual frente a los otros ocho condenados” en esta causa que se presentaron en tribunales y fueron trasladados a prisión.
“La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, insistieron, y explicaron que los jueces tenían las opciones de alojamiento que ofreció el Ministerio de Seguridad.
Rechazaron la idea de que el “alojamiento individual” sea un perjuicio para Cristina Kirchner y sostuvieron que “constituye una condición beneficiosa respecto del resto de la población carcelaria” y “mitiga todo tipo de riesgo o vulneración de su entorno de seguridad”.
Con fotos de los tumultos ocurridos frente al departamento de San José 1111, los fisales cuestionaron el lugar como ámbito del cumplimiento del arresto domiciliario.
“Es necesario que el tribunal de Casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso”, escribieron.
“Esta situación anómala termina convalidando una prerrogativa contraria a la igualdad ante la ley que asume la forma de un privilegio indebido para Fernández en desmedro de los demás condenados en esta causa”, señalaron.
Por eso, dijeron que al menos debe revisarse el lugar donde la expresidenta cumple la prisión domiciliaria, “a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones”.
