Al Gobierno le avecina otra avanzada opositora en la Cámara de Diputados, que tiene preparada para este miércoles a las 12 una sesión que busca poner en evidencia a los sectores políticos por las banderas del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario, junto a una iniciativa que le sacaría poder al presidente Javier Milei para gobernar vía decreto de necesidad y urgencia (DNU). A pedido de los gobernadores, el temario también incluyó proyectos para bajar y prohibir el aumento de las retenciones.
El pedido corrió originalmente por parte de los radicales opositores: el bloque Democracia Para Siempre que comanda Pablo Juliano, el santafesino Mario Barletta y dos díscolos de la UCR «oficial», Julio Cobos y Natalia Sarapura. La receta del temario ya se volvió un clásico: incluir proyectos con problemáticas «sociales» y uno «institucional», así lo definen los propios diputados.
Si bien la oposición obtuvo logros significativos hace unas semanas atrás con la aprobación del proyecto de jubilaciones y emergencia en discapacidad, en lo que va del año fueron más los intentos de sesión fallidos que los triunfos. Para no repetir la tendencia, durante las últimas horas del lunes se amplió el temario en pos de garantizar que los gobernadores colaboren para llegar a los 129 diputados.
Desde la oposición reconocen que no están confiados pero apuestan que la problemática del Garrahan va a pisar fuerte con la declaración de emergencia pediátrica. Se trata de un proyecto que tiene dictamen de la comisión de Acción social y Salud pero requiere de la firma de Presupuesto y Hacienda, por lo que buscan emplazarla para forzar a que el diputado y presidente José Luis Espert la reúna.
«Es el único tema ‘caliente’ que pueda ayudar al quórum», advierten, pese a que en la última sesión, cuando iban a ponerlo sobre la mesa, el PRO y la UCR colaboraron con el oficialismo para vaciar el recinto y que no puedan votarlo. Ahora tienen otro optimismo porque hubo firmas de cuatro radicales y la de la chubutense Ana Clara Romero (PRO) -que responde al gobernador Ignacio Torres- en el primer dictamen.
En el menú de emplazamientos reflota el proyecto de Financiamiento Universitario, tras el veto del año pasado, también para convocar a Presupuesto. Los únicos dos proyectos que pueden ser aprobados con mayoría simple porque ya tienen dictamen son Juicio por Jurados y el Régimen de los DNU, una vieja iniciativa que no prosperó en noviembre del año pasado por la promesa del Presupuesto 2025 que nunca llegó y busca cambiar la ley de Cristina Fernández de Kirchner que blindó los DNU.
La ley en cuestión es la 26.122, sancionada en 2006, la cual estableció que hace falta el rechazo de dos Cámaras para derogar un DNU -de esta manera, con que una sola lo apruebe o nunca se pronuncie es suficiente para mantenerlo en pie-. La idea de la oposición es revertir eso y, además, buscan ponerle un plazo de vigencia para que caigan si en 90 días corridos el Congreso no se expiden, aunque este último punto no reúne tanto consenso.
En general, hubo apoyo de Encuentro Federal, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y hasta UP, pese a que atentan contra una ley de Cristina y tiene repercusiones para cualquiera que eventualmente sea oficialismo.
De prosperar, Milei se quedaría sin una de las herramientas fundamentales para gobernar, puesto que además el 8 de julio se terminan las facultades delegadas. Por más que el Congreso haga un recambio favorable en octubre para el oficialismo, lejos va a estar de ser una escribanía: los DNU, por caso, se convirtieron en un atajo para los Presidentes para esquivar el tratamiento legislativo de un proyecto en un escenario políticamente atomizado como el de hoy.
«Vamos a hacer todo para que se caiga esto», había asegurado una fuente oficialista apenas trascendió el pedido de sesión. Ahora, con la negociación por los fondos de coparticipación en plena conversación entre mandatarios y la Nación, sumado a los arreglos electorales, en la Casa Rosada se muestran demás confiados de que en realidad la oposición dice más de lo que hace.
La falta de coordinación, en ese sentido, es palpable en el Congreso: de hecho, surgió otro pedido de sesión para el mismo miércoles a las 14.30 de la otra ala opositora: Encuentro Federal y Unión Por la Patria, para tratar decretos delegados del ministro Federico Sturzenegger y un dictamen de EF sobre un proyecto similar al «Plan Colchón» de Milei para actualizar los montos de evasión tributaria.
Esto causó ruido, puesto que una segunda sesión podría implicar la anulación de la primera y no están en condiciones de dividir apoyos. Desde los otros bloques explicaron que el desacuerdo es porque DPS no quiso ampliarlo y es una maniobra entre ellos para definir el temario de sesión. «Se caen las dos», advirtieron.
«Se le pidió a DPS incorporar retenciones, un tema que vienen militando los cordobeses. No dan quórum si no se incorpora el tema, porque a esta hora estamos cinco abajo para el quórum», explicó una fuente parlamentaria. Se trata de los que dependen del gobernador Martín Llaryora, uno de los gobernadores más ásperos con el oficialismo estos últimos meses.
Mientras que la fragmentación opositora embarra la avanzada, el Gobierno nacional continuará negociando con las provincias este martes en el CFI para más fondos para la obra pública. La última jugada de los radicales fue aceptar el pedido de ampliación y durante las últimas horas del lunes incluyeron en el temario de la primera sesión una serie de expedientes para tratar la baja de las retenciones.
Las iniciativas corren desde la eliminación de los derechos de exportación hasta un plan quinquenal para una reducción progresiva, así como también plantean la prohibición de más aumentos para el 2025 -este último corrió específicamente por parte de Llaryora, cuando el Presidente apuró las liquidaciones rumbo al vencimiento de la baja del 30 de junio (finalmente se prorrogó para los productos de trigo y cebada, pero a partir de hoy vuelven a regir las alícuotas para la soja y subproductos).
Con esto esperan hacerse de la ayuda de los gobernadores, aunque los expedientes no tienen dictamen y deberían emplazar tanto la comisión de Agricultura y Ganadería como la de Presupuesto y Hacienda. La primera ya había avanzado en el tratamiento de estos proyectos, pero nunca consiguieron las firmas porque los libertarios y UP se rehusaron.
