La defensa del expresidente Alberto Fernández apeló el procesamiento en la causa Seguros y pidió a la Cámara Federal porteña que dicte la falta de mérito. Mientras se ordenan nuevas medidas de prueba, la investigación profundiza la causa en manos del juez federal Sebastián Casanello.
El magistrado procesó a Fernández por hechos de corrupción en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados. Además, se lo acusó de montar “una oficina que pasó a ser asiento de un grupo empresarial del cual él mismo había participado”.
De esta forma, Mariana Barbitta, abogada del expresidente, se encargó de presentar la apelación, después del procesamiento dictado el viernes por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Según la defensa, el exmandatario fue procesado por hechos por los que nunca se le tomó declaración indagatoria y por “conductas novedosas”, sin haber tenido la posibilidad de defenderse.
La abogada advirtió sobre la gravedad institucional y democrática de procesar a un expresidente “a partir de una investigación periodística” sin una pesquisa judicial “seria, amplia y objetiva”. A su vez, alegó una “persecución infundada” y ahora la decisión quedará en manos del Tribunal de Apelaciones.
La denominada causa de los Seguros inició en la Justicia Federal penal a raíz del pago de millonarias comisiones en los contratos de seguros de ANSES. Al momento de ser citado a indagatoria, al exmandatario se lo vinculó con una supuesta “maniobra criminal”, basada en 45 contratos que distintos organismos públicos, 25 de los cuales habrían sido suscriptos con Nación Seguros SA.
Esa operatoria habilitó la participación de brokers de seguros intermedios, quienes cobraron comisiones por un total de $3.364 millones. Según la causa, el 68% de esos pagos habría ido al grupo empresarial vinculado a Martínez Sosa, amigo personal de Fernández.
En consecuencia, 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, luego de ser imputadas por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
