La ingeniera Olga Cudmani, ex titular de la Dirección General de Construcciones Universitarias, “no cometió ningún delito “en el marco de la causa en la que se investiga el destino de los fondos de YMAD, “actuó en el marco de la obediencia debida’’ ” y “en ningún momento contribuyó a generar un perjuicio económico en la Universidad Nacional de Tucumán sino que, al contrario, la benefició con sus determinaciones”. Este fue el escenario que planteó durante cinco horas el abogado Alfredo Falú en el marco de la primera parte de su alegato durante el juicio en el cual, además, se juzga al ex rector Juan Alberto Cerisola, a Luis Fernando Sacca, ex subsecretario administrativo y a Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones.
Ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Jorge Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, y en el reinicio de las audiencias luego de la feria judicial, Falú desestimó las acusaciones contra Cudmani calificándolas de incongruentes. Según Falú, la acusación, representada por el Ministerio Público y la querella, intentó “juntar elementos de cualquier lado” y afirmó que la fiscalía vino al debate “de tour de pesca, con lo que había en la etapa de instrucción, sin ofrecer nuevas pruebas útiles”. Por el contrario, dijo, la defensa se centró en una estrategia “exclusivamente jurídica, no mediática, basada en pruebas, en el derecho y en la confianza en los jueces”. Falú advirtió que se ofreció “todo tipo de pruebas instrumentales, informativas, testimoniales, de inspecciones y hasta periciales, como en el caso de (el perito de la Corte Franciscoi) Guzmán”, cuya pericia es “totalmente favorable a nuestra parte”.
Uno de los ejes principales de la defensa fue la “inestabilidad de la plataforma fáctica” de la acusación. Falú señaló que no coinciden la intimación del hecho, el procesamiento, los requerimientos de elevación a juicio y el auto de elevación a juicio. Destacó que este último en 2018 sólo menciona “fraude en 13 obras” por sobreprecios según Gendarmería, dejando fuera otros hechos. “La verdad es que no sabemos bien de qué defendernos en este juicio porque no coincide en la intimación del hecho, el procesamiento, los requerimientos de elevación al juicio y el auto de elevación al juicio”, sentenció Falú.
El abogado resaltó el “esfuerzo realizado por la ingeniera”, quien, a pesar de “cargar una enfermedad a cuestas”, ha asistido a todas las audiencias para “defender su reputación”. Aseguró que si Cudmani hubiera hecho la misma gestión en una empresa privada, “hoy sería CEO y estaría cobrando grandes sueldos y bonos”. Atribuyó la situación judicial de su defendida a “quedar en medio de una contienda política, atravesada por la prensa”.
En cuanto a la acusación central de sobreprecios, Falú argumentó que el informe de Gendarmería, base de la misma, era “parcial y erróneo” y que “carece de sustento técnico”, incurriendo en “errores de cómputo métrico”. Subrayó que la ingeniera Cudmani no confeccionó los presupuestos oficiales, trabajo que recaía en otro empleado. Además, negó que los presupuestos estuvieran inflados, señalando que las ofertas de las empresas eran en general un poco más altas, lo que indica desactualización de precios por la inflación.
La defensa también enfatizó la ausencia de “dolo” (intención de defraudar) en el accionar de Cudmani. Falú explicó que las observaciones de las auditorías (UAI, AGN, Sigen) eran sobre “errores formales, sin dolo, y sin ocasionar perjuicio”, y que se referían a períodos ya concluidos, sin posibilidad de corrección retroactiva. Aclaró que la suma de “eventuales negligencias” no puede dar como resultado “dolo”.
El abogado destacó que “no se pagó un centavo de redeterminación de precio en todas las obras investigadas”, lo cual es una “prueba determinante para demostrar que no hubo intención de perjudicar el patrimonio” de la UNT. Mencionó el caso de la Facultad de Derecho, donde una readecuación se debió a la demora en la entrega de la obra, no a una redeterminación por inflación, con gastos de maquinaria y personal parado.
Falú reafirmó su confianza en el tribunal, y dijo que espera que se aplique el derecho penal con “conocimiento y coraje”, y deseó que el juicio sirva para “llevar tranquilidad a la comunidad universitaria”. “Confiamos, como dije en las pruebas, en el derecho y en la justicia. Nuestro juicio, el juicio que nosotros estamos dando es aquí, no en la prensa”, recalcó. En ese sentido, el abogado realizó un pedido de “nulidad parcial de los alegatos de las partes acusadoras”. Falú argumentó que la fiscalía y la querella incurrieron en una “grave alteración de la plataforma fáctica” del proceso, excediendo “largamente lo que había sido admitido en el auto de elevación al juicio”.
Falú señaló contradicciones en la narrativa acusatoria. Recordó que, en la etapa de instrucción, se imputó a Cudmani el inicio de la maniobra defraudatoria con la elaboración de presupuestos sobrevaluados, vinculados a resoluciones específicas. Sin embargo, en los alegatos finales, las acusaciones “cambian” y sostienen que la maniobra comenzó con “cada falencia detectada en las auditorías”, lo que implicaría un inicio “en tiempos inmemoriales”, dado que “siempre existieron esas falencias en la Universidad”. “Sobre eso realmente, en este juicio no podemos defendernos”, enfatizó el abogado.
Además, Falú destacó el cambio en el “supuesto perjuicio económico”, que inicialmente se basaba en el informe de Gendarmería y ahora, según la defensa, se intenta sostener con el informe de Guzmán, sobre el cual no pudieron ofrecer pruebas.
Por ello, solicitó la anulación de “todo aquello que excede la acusación que vino en la etapa de instrucción”.
En cuanto a la Resolución 365 del año 2008, Falú explicó que esta normativa, que eximía a las obras con fondos YMAD de la Ley de Obra Pública, fue propuesta por la propia Unidad Ejecutora de Obras (integrada por Cudmani) tras un dictamen del director jurídico de la Universidad, quien argumentó que los fondos de YMAD no provenían del Tesoro Nacional. Para la ingeniera Cudmani, esta resolución tenía “toda la apariencia de legalidad”, y actuó en base a la “obediencia debida” a sus superiores.
El alegato del defensor Alfredo Falú terminará hoy y luego habrá un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando comenzará la exposición de las defensoras Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, representantes de Juan Alberto Cerisola, quienes se extenderán hasta el martes. Posteriormente los jueces habilitarán audiencias para que haya réplicas y contrarreplicas y las últimas palabras de los acusados. Finalmente asignarán un día para informar el resultado de la sentencia./Lagaceta
